La minería, las minorías y el Estado

Guatemala

Jueves 17 de Enero de 2013.- Izabal, San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán, Jalapa, Santa Rosa, Guatemala,  siete de 22 departamentos guatemaltecos, están teniendo conflictos, a cual peor, debido a la actividad minera en este país. Una reciente encuesta del diario  Prensa Libre (16/01/2013) afirma que el rechazo a tal actividad tiene un rechazo del 66% de la población, mientras que en la capital las preferencias estarían casi parejas: 51 por ciento a favor y 49 por ciento en contra. 

Más allá de opiniones, lo que estamos viendo es un deslizamiento peligroso hacia “guerras privadas” entre comunitarios y/o competidores y las guardias privadas y/o estatales a favor de las empresas transnacionales, como se demostró (por la PDH) durante el conflicto de la semana antepasada en Izabal, que tropas de kaibiles estaban dentro de las instalaciones, resguardando los intereses materiales de la misma.

Quiere decir, que la actividad minera está causando tres cosas ciertas en nuestro país: 1) ganancias, para los inversionistas directos; 2) conflictividad sociales autónomos en las comunidades; y 3) polarización de la opinión pública. 

Conviene, por tanto, esbozar algo sobre las causas de este problema y sugerir alguna solución.  En primer lugar, sostengo que la causa principal de esto es la liberalización del mercado de recursos naturales en suelo guatemalteco. Es decir, no se trata de un dilema entre “modelo minero” versus un “modelo ecológico” o agrario.   Más bien es la ausencia de un plan nacional de desarrollo donde la industria minera represente un papel. 

No se niega que entre los opositores habrá algún grupo de gente que se opone por principio a la minería, por las siguientes razones: a) motivos ambientales verdaderos; b) por motivos económico- sociales, en el sentido de que la comunidad no participa ni gana de ello; o, c) por ignorancia de sus beneficios globales; o, d) incluso, tal como alegan los voceros y defensores de las transnacionales: que hay a quienes les pasa lo mismo que a ellos: que lo hacen por precio. Pero de que la  oposición existe y que se está convirtiendo en un problema de gobernabilidad y desarrollo, ese es el punto. 

¿Cómo se habría evitado? Con dos cosas: 1) mucha información, técnica y veraz, no propaganda,  sobre impactos o beneficios concretos para todos los involucrados. 2)  Un árbitro o valedor de los intereses comunitarios y nacionales, al mismo tiempo que respetuoso de las inversiones privadas. Pero ambas cosas son las que están faltando, que el neoliberalismo prescinde de ambos y que se legisla solo para las minorías.

En este modelo, las empresas transnacionales de los países desarrollados buscan consumir intensiva y baratamente las materias primas de nuestros países periféricos. De ese modo, en tiempos de Álvaro Arzú se legisló una ley de minerías que es un verdadero canto a la piratería privada. Lo cual tuvo un doble efecto: a) el Gobierno renunció a sus deberes constitucionales y b) el Estado subastó al mercado internacional los recursos nacionales al grito de “¡se abrió paca!” 

De ese modo, Guatemala escalaría unos puestos más en los  rankings de “economías libres y competitivas”. Ahora bien, solo por señalar estas cosas, algunos son considerados enemigos del capitalismo. Pero lo que en realidad se plantea es que sin Plan Nacional de Desarrollo donde el Estado representa un papel sustantivo, los conflictos se agudizarán.  Mientras ello no ocurra, lo urgente  es promover un Plan Nacional de Diálogo que ayude a desactivar los mismos y busca soluciones al tema sustantivo.

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