“Plantear el análisis de derogar o modificar el DL 600 es un tema que se puede discutir"

Chile

Miércoles 06 de Noviembre de 2013.- El experto tiene, sin embargo, reparos sobre la oportunidad de una reforma. “No creo que sea una buena idea que este tipo de cambios lo haga un gobierno de izquierda o centroizquierda —y menos al inicio de su mandato—, porque trae ruidos innecesarios”.

Jorge Carey es el socio principal de Carey, el mayor estudio de abogados del país. En sus oficinas, ubicadas en el piso 43 de la Torre Titanium, se han cerrado varios de los negocios más relevantes del país en los últimos años. Y en muchos de ellos han estado involucrados inversionistas extranjeros.

Por eso, su opinión es relevante a la hora de analizar uno de los planteamientos más polémicos en materia económica durante la campaña presidencial: la idea de terminar con el DL 600 —o estatuto de garantías a la inversión extranjera—, que data de 1974 y que durante años se identificó como uno de los pilares de la institucionalidad chilena.

—¿Qué le parece la propuesta de Michelle Bachelet de derogar el DL 600?

“Antes de contestar, quisiera hacer algunas consideraciones. Normalmente, los emprendedores que invierten fuera de sus fronteras examinan con mucha prolijidad el desempeño de los países en las últimas cuatro o cinco décadas en los temas más relevantes para ellos, incluyendo estabilidad política, equilibrios macroeconómicos, presencia o ausencia de corrupción, acceso al mercado de divisas para repatriar capitales y utilidades —y para servir créditos internacionales—, tributación razonable y previsible, implementación de políticas públicas que no discriminen en contra de la inversión extranjera, y una efectiva protección al derecho de propiedad sobre sus inversiones y utilidades. La existencia de contratos leyes, firmados bajo estatutos como el DL 600, que garanticen en todo o parte lo anterior, si bien pueden ser un aliciente para hacer una inversión, son mucho menos importantes que un resultado positivo de un examen como el descrito”.

“Esos contratos pueden ser cambiados por la voluntad política del régimen y Parlamento de turno, como sucedió traumáticamente en el pasado en Chile, a través de cambios constitucionales que les quitaron su soporte jurídico. Por lo demás, en los tiempos actuales, las arbitrariedades de los estados, incluyendo las expropiaciones sin una justa compensación, no se reclaman ante tribunales del país expropiante, sino que en tribunales internacionales, creados por tratados de protección a la inversión extranjera que no pueden ser desahuciados con efectos retroactivos”.

“Contestando la pregunta, me parece que plantear el análisis de derogar o modificar el DL 600 es un tema que se puede discutir. Habría que hacerlo, sin embargo, sin ideologismos y estudiando bien la legislación comparada y las ventajas y desventajas competitivas de Chile. Pero si una posible derogación del DL 600 se hace con el declarado o escondido ánimo de aumentar la tributación de la inversión extranjera o de las actividades extractivas —y solo ellas—, eso, en sí, puede ser muy negativo para el flujo de nuevos capitales a Chile. Sin perjuicio de lo anterior, no creo que sea una buena idea que este tipo de cambios lo haga un gobierno de izquierda o centroizquierda —y menos al inicio de su mandato—, porque trae ruidos innecesarios respecto de un tema en el que parece existir un importante grado de consenso político, cara al futuro, entre los sectores políticos relevantes del país”.

—¿Cree que el fin de este mecanismo puede afectar los flujos de inversión al país?

“La gran mayoría de las inversiones que se hacen en Chile bajo el DL 600 probablemente no se verían afectadas. Pero las más complejas, las de más largo plazo, las de mayor cuantía, las que más nos puedan interesar a los chilenos, es posible que sí”.

“Contar con la seguridad de que se tendrá acceso al mercado de divisas en proyectos de larga maduración o que se financian en el extranjero, el tener certeza jurídica de que se podrán remesar capitales y utilidades, puede ser un factor determinante para algunos inversionistas, aunque le tengan confianza a la actual clase política chilena. El drama que los inversionistas extranjeros están experimentando actualmente en Venezuela y Argentina es un ejemplo importante de esto”.

“Asimismo, el temor a que el royalty minero seguirá aumentándose desalineado de la tributación general de un país, también puede ser un desincentivo que merezca ser corregido en un contrato con el Estado, en ciertas circunstancias.

Más que tratos especiales, los que invierten en países que no son los suyos quieren no ser discriminados por su nacionalidad o por la actividad que emprenden. Los inversionistas son lo suficientemente sofisticados como para buscar y encontrar cuál es la motivación que está detrás de una posible eliminación del DL 600; y eso les interesará más que la derogación misma”.

—En caso de eliminarse, ¿qué puntos del DL 600 cree que sería necesario preservar, por ser beneficiosos para las empresas extranjeras?

“Lo que hay que preservar son políticas publicas sensatas y aplicadas con consistencia. Pero en cuanto a la preservación de ciertas garantías del DL 600, a mí me gustaría que hubiese un estatuto para todos los inversionistas, que se aplicara tanto a los chilenos como a los extranjeros. Ese estatuto podría asegurar, entre otras cosas, el acceso al mercado de divisas para servir créditos internacionales y la mantención de ciertos niveles de tributación durante los años críticos de la maduración de inversiones en proyectos de interés nacional. Ya es difícil competir desde un lugar tan alejado de los mercados, con costos demasiado energéticos, exorbitantes, como para estar, además, lidiando con incertidumbres políticas que podrían razonablemente evitarse”.

Emol