Home   +562 2225 0164 info@portalminero.com

Síguenos

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chile

Se plantea que el capital extranjero preferirá otros destinos con más certeza jurídica. El problema es que la judicialización llegó para quedarse.

Jueves 28 de Noviembre de 2013.- En 2014, no comenzará a desarrollarse ningún gran proyecto de inversión de energía o minería. ¿El principal motivo? La judicialización que han debido enfrentar una serie de iniciativas, lo que ha dilatado su desarrollo.

Todo proyecto debe construirse cumpliendo la legislación vigente. Ni más ni menos. El problema es que varios proyectos, estando con todos los permisos y autorizaciones, han debido frenarse por decisión de la justicia.

"Un clima propicio para la inversión es crucial para crecer y aumentar la competitividad de nuestro país. Por lo anterior, es indispensable terminar con las incertidumbres, las crecientes trabas administrativas, la excesiva judicialización y en algunos casos una oposición de la ciudadanía que a veces tiene una visión distorsionada de los proyectos", afirma el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz.

Joaquín Villarino , presidente del Consejo Minero, plantea que la conflictividad "se potencia con la instrumentalización que algunos actores hacen de legítimas inquietudes de las comunidades, anteponiendo -dice- sus propios intereses a los de quienes dicen defender". 

A lo anterior, el directivo afirma que en algunos casos "hay un cierto activismo judicial riesgoso para el desarrollo del país y la estabilidad institucional, que además empaña el trabajo serio que habitualmente realiza el Poder Judicial".

No obstante, desde el análisis jurídico los expertos coinciden en la falta de claridad en las leyes.

Pedro Pablo Vergara, socio de Rodríguez, Vergara y Compañía, afirma que "la excesiva" judicialización se refiere a que los Tribunales de Justicia han tomado de su cargo resolver cuestiones técnicas. Añade que los tribunales, en particular las Cortes (de Apelaciones y Suprema) han sido llamados a decidir acerca de cuestiones que exceden el mero ámbito jurídico, como es, por ejemplo, si una planta industrial cualquiera  está bien o mal ubicada en un determinado lugar, o si ella debe cumplir con ciertos estándares técnicos en particular.  "El problema es que los tribunales no cuentan con asesores y, por ende, sus decisiones se fundan en definitiva en la apreciación que se forman después de analizar lo que las partes les han presentado o, incluso, fallan conforme a sus propias percepciones acerca de la prueba rendida la cual, dado las particularidades de todo proceso judicial de carácter sumario (casi todos los casos corresponden a recursos de protección) no puede ser analizada en profundidad ni de modo científico", dice.

Y añade: "El problema, sin embargo, no es de los tribunales; es del legislador, que ha dictado leyes que no se bastan a sí mismas, que dejan enormes márgenes de dudas o que no designan organismos técnicos debidamente facultados y supervigilados de modo competente para resolver sobre cuestiones que nunca debieran llegar a los tribunales, o si es que llegan, lo hicieran para resolver aspectos de carácter jurídico solamente.  Ante esta falencia son los tribunales los que han debido suplir esa omisión y, naturalmente, lo han hecho  con los medios con que cuentan, que  nunca son técnicos, lo que naturalmente no es lo más adecuado". Por lo tanto, afirma, "mientras no se subsane esa falencia, los tribunales seguirán actuando en un ámbito que no debiera ser de su competencia".

Juan Tagle, socio de Prieto y Cía. Abogados, sostiene que "definitivamente los tribunales ordinarios de justicia no son los entes más apropiados desde un punto de vista técnico para resolver sobre los impactos y viabilidad de los proyectos eléctricos, mineros y similares que el país requiere para alcanzar el desarrollo con sustentabilidad". Por esto, afirma que los casos recientes de permisos ambientales anulados después de varios años de haber sido otorgados por la autoridad competente "han puesto un manto de incertidumbre muy preocupante para los inversionistas nacionales y extranjeros".

Roberto Guerrero Valenzuela, socio del estudio Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, afirma que esta tendencia no es sólo particular de Chile, sino más generalizada. "De este modo, si bien creo que en algunos casos puede afectar la competividad cuando la judicialización se enfoca en industrias específicas, por otra parte suele ser algo que las empresas incorporan dentro de su análisis para decidir una inversión. En general, no me parece que en la actualidad sea preocupante", remata.

Santa Cruz destaca que "mientras más clara, específica  y acotada sea la normativa, será posible concretar las inversiones y en los plazos originalmente estipulados", con lo cual -dice- hay menos opciones de que los proyectos se judicialicen. 


NUEVO ESCENARIO

Nadie se salva. Ni la principal empresa de Chile, la estatal Codelco. En agosto pasado, la ONG Greenpeace presentó un recurso de nulidad contra el proyecto Andina 244 ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), como parte del proceso de revisión de la iniciativa.

La intención de los ambientalistas era invalidar el proceso y obligar a Codelco a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental. La autoridad rechazó la solicitud, pero la estatal ya tomó nota y los ejecutivos de la cuprífera determinaron que en su cronograma de proyecto se hacía indispensable agregar uno o incluso dos años para enfrentar una amenaza judicial.

A esto se suma la campaña que han desplegado comunidades indígenas exigiendo la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Con su entrada en vigencia, en septiembre de 2009, el convenio ha sido protagonista en la discusión sobre todo para proyectos que deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La última iniciativa en enfrentarse a las comunidades indígenas es la Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (conocido como MAPA), que lleva adelante el grupo Arauco en la comuna del mismo nombre, con una inversión estimada en más de US$2.000 millones. Cuatro comunidades Lafkenche presentaron una carta ante el Servicio de Evaluación Ambiental, el pasado 6 de noviembre, en la que se acusó a la empresa que lleva adelante el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto MAPA (la consultora Arcadis) de introducir datos "falsos".

Frente a esto, las comunidades solicitaron la inclusión en el proceso de consulta a un representante de la OIT, citando el Convenio 169. Además, pidieron que se incorpore en el proceso de consulta a un representante de la FSC Chile, uno de los principales estándares de certificación forestal a nivel mundial.

Sin embargo, Arauco le ha restado dramatismo a la consulta indígena. "Hay que seguir con todo lo que venga; no hay ningún miedo ni susto", dijo hace unos días Roberto Angelini ante los cuestionamientos del grupo de mapuches. El presidente de Empresas Copec y vicepresidente de Arauco dijo que "todos estos proyectos que se presentan -y no sólo los nuestros- tienen un proceso que consiste en explicar a las comunidades y relacionarse con ellas".

Joaquín Villarino plantea ideas para cambiar la situación. "Se debieran profundizar y mejorar iniciativas que tiendan a destinar a las comunidades afectadas parte de los impuestos que ya pagan las empresas. La experiencia internacional sugiere que ello debe ir acompañado de las capacidades y herramientas necesarias para invertir adecuada y sosteniblemente los recursos", destaca. Añade que es indispensable fomentar un trabajo asociativo. "Esto deriva en programas y acciones con mayor pertinencia local y mejor alineación con los planes de desarrollo regionales y comunales", remata.

Pulso

Portal Minero