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Chile

Miércoles 11 de Diciembre de 2013.- Cuando las AFP en conjunto con Moneda solicitaron información respecto de operaciones de compra y venta de acciones a la cadena de empresas con las que Julio Ponce controla SQM, más conocidas como sociedades cascada, José Antonio Guzmán, presidente de Habitat, anticipó que dichos datos resultaban "fundamental para poder llevar a cabo cualquier acción de tipo legal".

Antecedentes que en esa oportunidad fueron negados por los directorios de la cascada, pero que resultó no ser impedimento para que la AFP ligada a la Cámara Chilena de la Construcción presentara ayer una querella por uso de información privilegiada en contra de todos quienes resulten responsables de las operaciones que salieron a la luz tras la formulación de cargos de la SVS.

Así como la AFP fue la primera en hacerse parte de la investigación de la SVS, también es la única que ha dado el paso para derivar la pugna entre Ponce y los inversionistas institucionales al plano legal. Pues, hasta ahora sólo el controlador de la cascada se había querellado contra la administradora de fondos de inversión, por haber inducido o haber entregado información falsa al mercado.


LA QUERELLA

La querella se presentó ayer en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por instrucción expresa del directorio de AFP Habitat, recurso que se amparó en el deber fiduciario de la administradora.

Además de los delitos por uso de información privilegiada, la acusación sostiene que los implicados vulneraron los incisos 1 y 2 del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, consistentes en operaciones ficticias y manipulación bursátil. Infracciones que fueron consideradas por la SVS en su formulación de cargos en contra de Julio Ponce, los ejecutivos ligados a la cascada Aldo Motta y Patricio Contesse Fica, y Roberto Guzmán, catalogado como uno de los asesores de Ponce.

El documento, firmado por el gerente general de Habitat, Cristián Rodríguez, y que se encuentra a la espera de ser admitido por tribunales, consta de cinco capítulos. En el cuarto, la administradora identificó seis operaciones en las que se habrían vulnerado el interés social de la cascada, esto a partir de la misma investigación del regulador.

Dichas transacciones significaron perjuicios por US$12 millones para la AFP, mientras que para las sociedades cascada totalizaron US$300 millones. Sin embargo, las operaciones descritas habrían derivado en importantes ganancias para quienes participaron del esquema cuestionado por el regulador de Valores. Según la querella, tanto las sociedades de Julio Ponce, como las vinculadas y las instrumentales, entre las cuales se considera Inversiones Saint Thomas, ligada a Leonidas Vial, presidente de LarrainVial, se beneficiaron en total con US$340 millones.

Lo anterior, según la propia administradora, en base a un criterio conservador. Es decir, los perjuicios podrían ser superiores a dicha suma.

Si bien el recurso legal de la administradora no individualizó responsables, conocedores de la materia explicaron que con ello se busca ampliar el abanico de los imputados a los que apuntó la SVS. De esta manera, Habitat pidió a la justicia que ordene investigar e individualizar a los responsables de todos los que participaron en el esquema. Es decir, además de las cuatro personas que fueron objeto de formulaciones, a quienes están relacionados con las sociedades instrumentales y vinculadas reconocidas por la SVS, como Arturo Le Blanc y Leonidas Vial, así como también a las corredoras de bolsa LarrainVial y Banchile Inversiones.

Hace semanas que la AFP analizaba la posibilidad de llevar el Caso Cascada a la justicia. Si bien ya tomó la decisión, es probable que la compañía interponga nuevos recursos en la medida que la SVS avance en su investigación.


¿A LA FISCALÍA NORTE?

AFP Habitat pidió expresamente que la querella se sume a la investigación que actualmente está en manos de la Fiscalía Norte y que tiene relación con la denuncia que el año pasado efectuó el accionista minoritario Roberto Lobos, por el delito de haber efectuado operaciones ficticias.

Dicha querella se gestó luego de la cuestionada operación que derivó en la reversión de utilidades de casi el 67% de las utilidades de la cascada para el ejercicio 2011, movimiento que involucró 5 millones de acciones de la serie A de Calichera y que tuvieron como contraparte a Linzor Capital.


LA OTRA ARISTA: LAVADO DE ACTIVOS

A las acusaciones de AFP Habitat, se suman las que recientemente deslizó Moneda cuando pidió a la SVS suspender los aumentos de capital de Norte Grande y Oro Blanco, por US$92 millones y US$120 millones, respectivamente.

En el escrito, la administradora de fondos de inversión sostuvo que "en nuestra opinión la materialización de los aumentos de capital acordados (...) pueden dar lugar, a su vez, a la comisión de conductas que podrían eventualmente ser calificadas como infracciones al artículo 27 de la Ley 19.913", la cual creó la Unidad de Análisis Financiero y modificó ciertas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

"Los antecedentes que dan cuenta de tales operaciones se desprenden de múltiples hechos descritos explícitamente en la formulación de cargos (...) en los cuales se hace referencia explícita a la subordinación de diversas sociedades instrumentales a supuestas ‘pérdidas puntuales y limitadas’ de ciertas sociedades, que eran ‘compensadas con importantes beneficios’. En otras palabras, lo que se describe son operaciones en que ‘pérdidas puntuales y limitadas’ permitirían disimular el origen ilícito de ingresos que son percibidos por la contraparte que aparece gananciosa en la operación", afirmó la administradora agregando que dichas conductas podrían tipificarse como infracciones a la ley en cuestión.

Dicho artículo tipifica como delito "el que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito", entre otras conductas.


¿NUEVAS FORMULACIONES?

La ofensiva de Habitat se da en medio de especulaciones que apuntan a que la SVS estaría pronta efectuar una nueva formulación de cargos, esta vez contra las corredoras de bolsa, mencionadas en la investigación, como son LarrainVial y Banchile Inversiones.

Al respecto, el regulador ha sido celoso en no anticipar cuándo, eventualmente, podrían venir nuevos cargos en el caso. Pese a la reserva, trascendidos apuntan a que habría novedades después de las elecciones presidenciales.

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