Home   +562 2225 0164 info@portalminero.com

Síguenos

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Argentina

El máster en Derecho Administrativo y Derecho Comparativo, de Quevedo Abogados, en su visita por Jujuy durante un cónclave centrado en el litio, expuso sobre cuestiones legales en torno a proyectos mineros. Se refirió a lo vinculado al litio y el consenso con las comunidades.

Jueves 26 de Diciembre de 2013.- Expuso sobre las principales cuestiones legales a considerar en el desarrollo de proyectos mineros que incluyen el litio, ¿Cuáles serían éstas?
-El litio en Argentina tiene una regulación similar al resto de las sustancias minerales de primera categoría, pero hay tres o cuatro cuestiones que por la ubicación de los yacimientos y las características son interesantes. Una es la definición provincial de recurso estratégico, otra es cuál es la situación de las tenencias donde hay conflictos limítrofes entre provincias y la validez de los fallos de Corte sobre el juez que previno en ese tipo de situaciones. Después hay cuestiones de índole general como la participación estatal en proyectos, entre lo que se llama las cuestiones de licencia social y la distinción que debe tener en relación a los permisos técnicos que habilitan a la actividad.

En el caso de la declaración del litio como recurso estratégico, ¿qué consideración hace?
-Me parece que hay una distinción entre lo que tradicionalmente se entendía por recurso estratégico, que es aquello que hace un control de producción o una aplicación para defensa, a la que está en el artículo 354 de Código de Minería, que es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo. Me parece que se utiliza esa forma de definir para algo que implica más tratar de regular un concepto de licencia social para el desarrollo de proyectos, o sea darle un sentido más técnico- económico que de aplicación del mineral en sí. En tal sentido, debe ser interesante ver cómo va evolucionando y la manera razonable en la cual se aplica este principio a efecto de que ayude al desarrollo de los proyectos y de las zonas donde está, y que no sea un impedimento para la inversión de los mismos. Mientras se mantenga ese balance en un estado razonable, es una forma más de regular el esquema de licencia social.

¿Está asociado a una suerte de protección de los recursos del Estado?
-Me parece que más de protección en sí, porque los recursos minerales tienen un valor mientras se desarrollen y se puedan explotar, el recurso en el lugar donde está no tiene valor alguno porque no tiene utilización práctica. Si bien la ley de la provincia habla de un análisis integral, es una impresión personal, creo que es importante que ese análisis lleve a todas las partes del proyecto para poder desarrollarlo con un mayor beneficio de la provincia.

Y acerca de la cuestión legal respecto de la posesión o del lugar donde se explota y de los permisos en torno a las comunidades ¿Qué opina?
-El problema más grande que le veo ahí es que en vez de buscar una conjunción de todos los derechos en juego, el debate se va tomando sobre las miradas más extremas. Y cuando uno lee las normas, reconociendo los derechos que cada parte tiene fácilmente pueden conjugar en el desarrollo de todos los involucrados. Creo que eso se está dando más entre empresa y comunidad particular, y más allá de la labor estatal en promover ese tipo de emprendimientos, mientras funcionen por ahora bien, pero mientras se generen conflictos y se tomen posturas antagónicas todos van a salir perjudicados. Creo que es importante ir acercando las posiciones de los derechos de cada parte para que se beneficien con los derechos reconocidos a las comunidades originarias y se materialicen esos beneficios, y se van a materializar siempre y cuando el proyecto funcione también. Una mirada cortoplacista o extrema puede atentar contra la verdadera razón del reconocimiento de ese tipo de derechos. Ahí es muy importante que haya bastante diálogo para que haya un esquema de normativas que provienen desde ámbitos distintos, uno típico de protección garantista y otra legislación que era de índole industrial para que esa conjunción conlleve a la materialización de los principios que inspiraron cada una. Más allá del reconocimiento de derecho a la identidad, que están fuera de discusión, cuando se va a la participación de recursos, de consultas y todo tipo de cuestiones creo que se tienen que armonizar los dos esquemas, porque ambos pueden funcionar de una manera concreta. Pero me parece que tomar posturas antagónicas buscando la interpretación más extrema de cada uno de los principios, va a perjudicar a las partes.

Eltribuno.info

Portal Minero