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Colombia

Las consultas previas entre comunidades étnicas y empresarios del sector minero-energético han sido calificadas como una ‘piedra en el zapato’ para el desarrollo de grandes proyectos en el país. Incluso, en el balance realizado la semana pasada por la Asociación Colombiana del Petróleo, el gremio señaló que estos procesos han dificultado la actividad exploratoria en tierra firme, que este año se redujo en 52%

Martes 17 de Diciembre de 2013.- De acuerdo con el Ministerio del Interior, este año se presentaron en el país 190 solicitudes de consultas previas. Esta cifra no incluye solamente proyectos del sector minero-energético, sino también para obras de telecomunicaciones, infraestructura, medidas administrativas e investigación.

De estas solicitudes, 64 lograron protocolizar el proceso, lo que quiere decir que alcanzaron un acuerdo entre los desarrolladores y las comunidades étnicas involucradas.

De acuerdo con Álvaro Echeverry, director de Consulta Previa del Ministerio del Interior, en promedio, estos procesos tardan seis meses en solucionarse, pero en algunos casos puede demorar más según el número de comunidades que deben ser consultadas.

Y es que en algunos casos, para desarrollar un proyecto, con consultar con una comunidad basta; pero en otros, como en el caso de la adecuación y el mejoramiento de la transversal Quibdó-Medellín, se requiere consultar 40 comunidades o más.

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio del Interior, en 2013, 31% de los procesos que han llegado a feliz término, corresponde a proyectos de hidrocarburos; 24%, del sector minero; 13%, del energético y 12% de telecomunicaciones.

Para formalizar los acuerdos que dieron vía libra a los 64 proyectos consultados con éxito este año, fue necesario hacer consultas con 522 comunidades. Según las cifras del Ministerio, solo con 4 de estos grupos étnicos no se lograron acuerdos.


FALTA CLARIDAD

De acuerdo con el Sector de la Minería a Gran Escala, una de las mayores dificultades de las consultas previas es la falta de reglas claras.

“No hay seguridad jurídica. Se requiere una ley estatutaria para reglamentar el proceso de consulta previa (...) El Estado no ha organizado adecuadamente el aparato gubernamental para que se lleven a cabo los procesos de consulta; se requiere un ajuste institucional”, señaló Claudia Jiménez, directora de este gremio.

De acuerdo con la directiva gremial, “la industria espera que con la expedición de la Directiva presidencial No. 10, que adopta una guía para la realización de la consulta previa, y con el Decreto 2613 del 2013, que adopta el protocolo de coordinación interinstitucional para la misma, se optimicen los procesos para todas las partes involucradas”.


PROMUEVEN DIÁLOGOS INTERCULTURALES PARA AGILIZAR CONSULTAS

Una de las dificultades que demoran los procesos de consultas previas con los pueblos indígenas es la diferencia cultural que existe entre estos y el sector privado.

De acuerdo con el director del Programa Presidencial para los Pueblos Indígenas, Gabriel Muyuy Jacanamejoy, para acercar las posturas entre ambos sectores, esta entidad empezó unas conversaciones abiertas en las que los empresarios y los líderes indígenas ponen las cartas sobre la mesa. A estos espacios se les ha llamado Diálogos Sociales Interculturales.

“Estos diálogos pueden ayudar a los procesos de consulta previa, porque pretender en dos o tres días entender a los indígenas que están siendo consultados por X o Y proyecto, cuando hay toda una cosmogonía, una espiritualidad distinta, es muy difícil”, señaló Muyuy Jacanemejoy.

Hasta ahora, van tres sesiones, dos con el sector minero y una con el de hidrocarburos, en las que han surgido algunas propuestas que están siendo estudiadas.

“El planteamiento que hacemos es cómo trabajar coordinadamente en temas comunes, como el uso sostenible de los recursos naturales; cómo hacer que la minería en Colombia permita un mejoramiento de las condiciones de vida para los indígenas, para el desarrollo de los pueblos”, señala Muyuy Jacanamejoy.

Para este funcionario, los pueblos no están en contra de la minería en sí misma, pero sí con algunas prácticas empresariales del sector.

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