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Chile
Lunes 30 de Diciembre de 2013.- Desde un tiempo a esta parte ya es común que varios proyectos de cualquier índole, especialmente los de generación eléctrica, a pesar de lograr la aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental y del Comité de Ministros, terminan siendo revisados en instancias del Poder Judicial chileno, y aunque algunos logran superar con éxito este escollo, las demoras y el alza de los costos complican su puesta en marcha.
El sector eléctrico conserva gran parte de su atractivo para la inversión tanto en el marco regulatorio como porque los precios ofrecidos siguen siendo atractivos para desarrollar proyectos. Son las comunidades las que se han empoderado y han pasado por alto las recomendaciones de la autoridad ambiental, llevando sus quejas ante tribunales.
“El problema no es la falta de interés en invertir, sino la dificultad para concretar proyectos debido a la creciente oposición de grupos ciudadanos y a las trabas políticas, administrativas y judiciales que se han ido generando”, señala el texto elaborado por Sebastián Bernstein, Gabriel Bitrán, Alejandro Jadresic y Marcelo Tokman para la CPC este año, donde dan cuenta de la problemática sufrida por el sector.
Primero fueron los proyectos termoeléctricos, teniendo el caso de Barrancones como referente principal, y donde la oposición ciudadana a nivel país logró que el proyecto de GDF Suez fuera finalmente retirado. Posteriormente fue el turno de HidroAysén, incluyendo a las hidroeléctricas en las judicializaciones. Fue entonces cuando se pensó que las centrales con base en ERNC tendrían el camino despejado, pero los recursos presentados contra El Tatio, Tagua Tagua y el Parque Eólico de Chiloé, dijeron lo contrario.
Esto ha llevado a una verdadera crisis en el sector, donde la espera y los altos costos con el paso del tiempo han llevado a que, además de Barrancones, cayeran otros proyectos.
En lo concreto, son 15 los proyectos energéticos más emblemáticos que han sido judicializados (ver recuadro), los cuales suman 11.355 MW de potencia, la mayor parte de estos destinados al SIC, lo que equivale al 60,8% de la potencia total instalada actualmente en el SIC y el SING. Destaca el aporte que significarían las centrales HidroAysén (2.750 MW), Castilla (2.354 MW) y Energía Minera (1.050 MW).
Las Razones
Diversas son las razones esgrimidas para justificar este fenómeno de la judicialización. Algunos creen que desde el minuto en que el mismísimo Presidente Piñera intercedió en la bajada de la Central Barrancones, significó el punto de partida para un verdadero desfile de proyectos por los tribunales del país. Otros en tanto, consideran factores externos, como la falta de confianza de las comunidades en las instituciones gubernamentales.
Pero para Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Eléctricas A.G, el problema se debe a la falta de canales institucionales que permitan evitar la llegada de estos proyectos a tribunales. “La judicialización de proyectos es, en definitiva, la consecuencia de conflictos e indefiniciones que no hemos sido capaces de canalizar adecuadamente como sociedad. Por eso, en nuestra opinión este fenómeno no es la causa sino la consecuencia de un problema mas profundo de falta de canales institucionales que permitan encauzar de manera más efectiva los puntos de vista y preocupaciones de la sociedad”, señaló Castillo.
En tanto para Francisco Aguirre, director de Electroconsultores, además de los motivos esgrimidos por Castillo y los conocidos en la opinión pública, existen otros factores ocultos que son importantes a la hora de que estos proyectos lleguen a tribunales. ”También hay causas relacionadas con el incentivo perverso de la notable rentabilidad económica para los abogados patrocinantes que se han especializado en los ‘agujeros del sistema’ para oponerse a proyectos de inversiones millonarias, en la rentabilidad social que para algunos magistrados les permite la ocasión de hacer notar su poder en temas de índole técnico que no son de su dominio, en la rentabilidad política de quienes defienden intereses de grupos reducidos olvidando los intereses nacionales”, señaló Aguirre.
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