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Chile

En el organismo regulador hay molestia y preocupación. El martes Fernando Coloma dijo que no encontró evidencia alguna de que Moneda presionó al controlador de SQM a fusionar las cascadas.

Jueves 26 de Diciembre de 2013.- El revés que sufrió Julio Ponce a manos de la Superintendencia de Valores en el Caso Cascadas el martes de esta semana, hace que la querella que presentó contra el Superintendente Fernando Coloma se convierta en elemento clave de su defensa.

En un oficio publicado durante el mencionado martes, Coloma refutó todas acusaciones de Julio Ponce contra Moneda Asset Management, Consorcio y las AFP.

Coloma dice que no encontró evidencia alguna de que Moneda presionó al controlador de SQM para fusionar las cascadas y no halló irregularidades en las operaciones de las AFP, Moneda y el Grupo Consorcio. “No existen evidencias que permitan sustentar la hipótesis planteada en sus denuncias”.

El mes pasado los abogados de Ponce presentaron una querella criminal contra Coloma, acusándolo del delito de prevaricación judicial y administrativa y abusos contra particulares.

La querella también involucra al intendente de Valores, Hernán López, y a Hugo Caneo, jefe del área de Cumplimiento de Mercado de la SVS, por delitos de prevaricación administrativa

Los abogados de Ponce –Jorge Bofill y Raimundo Labarca– en dos oportunidades solicitaron la inhabilitación de Coloma en el caso, y en ambas oportunidades su requerimiento fue denegado por la autoridad. La defensa de Ponce cuestiona la imparcialidad del superintendente.

Los defensores de Ponce dicen que la querella se basa en que las denuncias formuladas por Norte Grande o Ponce han recibido un trato “completamente desigual” al que recibieron cuestionamientos presentados por terceros en contra del empresario.

“Nuestras quejas, peticiones y reclamaciones han sido rechazadas y desoídas, y dado que cuando una autoridad administrativa actúa de manera manifiestamente injusta y no les brinda a los particulares la protección que la ley les manda brindar, son constitutivas de delito, hemos presentado esta querella para demostrar que ellos han actuado injustamente”, señaló Bofill, de acuerdo a una nota de El Mercurio.

Un abogado que conoce bien el caso dice que el oficio del martes deja en claro que el relato que quiere presentar la defensa de Ponce no va a llegar lejos en la SVS y ahora la apuesta es que el ministerio público haga lo que Coloma no ha hecho. Afirma que es algo sin precedente y explica que “lo relevante de una querella de prevaricación es que paraliza al organismo, ya que Coloma y su equipo tienen que preocuparse de defenderse, pero más importante es que el fiscal puede pedir las diligencias acerca de las operaciones de Moneda y las AFP que hasta ahora Coloma no ha aceptado y eso complica el caso, algo que favorece la estrategia de Ponce”, detalla la fuente.

Cercanos a la SVS dicen que la querella ha tenido un impacto en el organismo y algunos funcionarios buscan excusas para no firmar ciertos documentos y oficios.

El oficio del superintendente echa por tierra la acusación de Ponce, que dice que Pablo Echeverría los chantajeó para fusionar las cascadas y, al negarse el Presidente de Moneda, junto a las AFP acudieron a la SVS con sus acusaciones.

La SVS indicó que no se pudo verificar ningún patrón de comportamiento que permita dar cuenta de irregularidades como las denunciadas por Ponce. “No resultan suficientes ni ajustados a las figuras infraccionales imputadas”, señaló el oficio.

El pasado 11 de octubre de 2012, Norte Grande, una de las Sociedades Cascadas a través de las cuales Ponce controla SQM, solicitó a la SVS investigar a qué se debían las presiones de Moneda.

La SVS lleva más de un año investigando y concluyó que “se advierte que los fundamentos expuestos en las aludidas presentaciones y denuncias, según se ha expresado, no resultan suficientes ni ajustados a las figuras infraccionales imputadas. Asimismo, no se han encontrado evidencias ni sustentos que permitan tener algún hilo conducente a determinar la existencia de alguna infracción como la que el denunciante imputa”.

La SVS también concluye que “no existen evidencias que permitan sustentar la hipótesis planteada en sus denuncias, en particular, la existencia de inversionistas que hayan vendido sus acciones como consecuencias de las publicaciones así como que esas transacciones influyeran en la tendencia del precio de las acciones, y en general, que las publicaciones hayan tenido efectos en el mercado accionario”.

Coloma fue duro en su respuesta y pareció deslizar críticas a la calidad del trabajo presentado por Ponce y sus abogados. “Se observa que las afirmaciones de los denunciantes estarían más bien basadas en impresiones personales o especulaciones respecto de los cuales no se han acompañado fundamentos plausibles, ni antecedentes que sustenten los hechos denunciados”.

Con respecto a las operaciones de las AFP y a sociedades relacionadas a ejecutivos de Moneda y Consorcio, la SVS dice que “no constató en las transacciones de compras y operaciones simultáneas efectuadas por las personas mencionadas, algún comportamiento que diera cuenta de una conducta de aprovechamiento del efecto denunciado que habría generado la supuesta campaña orquestada”.

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