Mensaje incomprensible

Colombia

El Presidente Santos, en el marco del Tercer Congreso de Minería Responsable, ha reiterado que la minería es una aliada del desarrollo y reconoce una desaceleración del sector.

Martes 04 de Marzo de 2014.- Las cifras no dejan duda. Las exportaciones del sector descendieron por primera vez en la década en 2.300 millones de dólares entre 2012 y 2013. Tendencia que podría reversarse porque, como lo señaló el ministro del ramo, la inversión aumentó en un 8%. Con todo, para que el relanzamiento de la minería que quiere el Gobierno sea posible, tendría que haber un consenso mínimo sobre las causas que han llevado a esta situación. Para el presidente, la locomotora no arranca porque hay quienes no creen en la minería o no distinguen entre diversos tipos de minería. Es claro que, por fuera de control, está la caída de los precios internacionales.

Pero, internamente, ¿se trata esto solamente de retrasos no justificados en el licenciamiento ambiental y del rechazo de muchos actores sociales a la explotación minera? Es de reconocer que este gobierno ha buscado el fortalecimiento de la institucionalidad del sector minero y la del licenciamiento ambiental. Pero un análisis simplista de la relación entre la minería y el territorio no parece contribuir a un debate de fondo, única manera para destrabar un sector hacia una minería posible y deseable.

Podría haber acuerdo sobre la necesidad de contar con empresas comprometidas. Es decir, que deberían salir del juego empresas que han demostrado facilidad para transitar más allá de la legalidad. También podría discutirse respecto a que la “satanización” de todo un sector, que cuenta con diversidad de actores, no es buena para el país.

Un acuerdo en este punto no podría darse si el Gobierno pretende “tapar el sol con la mano”: las evidencias presentadas por académicos y por la misma Contraloría no podrían ser parte de quienes no distinguen entre la minería sostenible (sic) y la criminal. Hay evidencia de que más que un sector, se trata de un “macrosistema” con potencial de cambiar, para bien o para mal, todo un país.

En este sentido, las reglas claras que piden los sectores también son para la sociedad, en especial para quienes resultan negativamente afectados.

Urge un debate no retórico: debe Fedesarrollo probar en qué circunstancias los municipios mineros presentan niveles de desempeño mayor a los municipios no mineros y cómo es el comportamiento de los indicadores sociales.

De igual manera está abierta la controversia sobre el factor multiplicador y encadenamientos productivos jalonados por la minería y la sostenibilidad fiscal de los municipios mineros.

En cambio, ningún acuerdo sería posible, si se parte de afirmar que es un mito que la minería conlleve costos ambientales que el país no deba admitir. Porque no todos los costos se pueden mitigar.

¿O vamos a renunciar, a cuenta de la minería, a los convenios internacionales sobre biodiversidad, o incluso, a nuestra propia adaptación frente al cambio climático? Es urgente, pues, que el Gobierno entienda que la sociedad ya está preparada para el debate de fondo, que no es técnico sino político. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a perder y a ganar? Los mensajes del Gobierno, más que promesas preelectorales para un segundo período, deben aproximar una necesaria rendición transparente de cuentas de lo que ha sido un débil desempeño ambiental y social en todo un gobierno.

El Espectador / Opinión