Las prioridades del gobierno en materia de energía

Chile

El Ejecutivo debe conjugar la urgencia que tiene el país por generar mayor energía, con la elaboración de una política de Estado que apunte al largo plazo.

Miércoles 26 de Marzo de 2014.- EN UNA  entrevista publicada por este diario el fin de semana pasado, el ministro de Energía entregó luces de lo que serán las prioridades y énfasis que colocará el actual Ejecutivo en este ámbito durante los próximos cuatro años de gestión. En general es positiva la estrategia planteada en orden a establecer un diálogo que, sobre la base de una agenda realista de cambios y el fortalecimiento de la institucionalidad, permita superar el entrabamiento del sector y los perjuicios que está causando al desarrollo del país.

Son tres los objetivos que la autoridad mencionó como fundamentales: contar con suministro necesario, a buen precio, e introducir mayor competencia a este mercado. El primer punto debe ser la respuesta urgente a la estrechez energética que atraviesa el país y requiere conjugar adecuadamente la urgencia que tiene Chile por generar mayor energía (al 2020 se necesita duplicar la capacidad presente), con la promoción de iniciativas que permitan la sostenibilidad de la matriz energética en el tiempo. Ello supone, como instancia inicial, determinar de qué forma se va a aumentar la disponibilidad de energía en el corto plazo, si a través de centrales termoeléctricas o de otras fuentes de energía.

El segundo objetivo va asociado al anterior, pues una condición para la baja de precios es el aumento de la oferta. La forma de lograr esto es incorporando nuevos proyectos de generación eléctrica a la matriz, porque incluso los que están paralizados por por indefinición de la autoridad política o por acciones judiciales no son suficientes para satisfacer las necesidades que tiene el país hoy. El ministro de Energía señala entre las causas de esta parálisis, la falta de una respuesta adecuada del mercado a las necesidades del sector y un debilitamiento del sistema de decisiones, lo que ha llevado a una conflictividad permanente entre todos los sectores involucrados. Es importante llamar la atención aquí sobre el hecho que parte de la ineficacia que ha mostrado el sistema se debe a cambios equivocados que se introdujeron a fines de la década del noventa  en la regulación de los precios, lo que generó señales negativas cuyos costos se pagan hasta hoy. Esto debería llevar a un cuidadoso análisis de los cambios regulatorios que se pretendan realizar ahora.

También es evidente que el procedimiento previsto para procesar las alegaciones de los múltiples intereses afectados con los nuevos proyectos -particularmente en materia ambiental- han resultado desbordados, merced a intervenciones desafortunadas, como en el caso Barrancones, o a una incenritumbre jurídica derivada de decisiones dispares de los tribunales de justicia en varios proyectos. Corregir estos problemas institucionales aparece como el desafío de mayor envergadura en este ámbito para la nueva administración.

Finalmente, la decisión de la autoridad de introducir mayor competencia a esta industria requiere diseñar incentivos que faciliten el ingreso de nuevos actores al sector energético, pára lo cual la claridad de las reglas y una definición de políticas de largo plazo aparecen como indispensables. Promover más competencia podría, a su vez, aumentar las inversiones en proyectos energéticos de distinta naturaleza y favorecer la diversificación de la actual matriz. 

LTOL