Caso Cascada, Citigroup califica como parcial y antojadiza la formulación de cargos de la SVS

Chile

Martes 18 de Marzo de 2014.- Citigroup Global Markets (CGMI) formó parte del segundo grupo de compañías y personas naturales que fueron formuladas de cargos por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en enero pasado, en el marco del connotado Caso Cascada.

En su defensa, la entidad estadounidense no se guardó argumentos para desechar de lleno las imputaciones del regulador, las que calificó como parciales, antojadizas, imprecisas, deficientes y erróneas.

El rol de Citigroup en el caso no fue menor para la SVS. La entidad norteamericana, a través de la corredora Banchile, participó de tres grandes operaciones con acciones de SQM-B a finales de 2009 y principios de 2010, con las cuales Pampa Calichera, su contraparte, elevó sus utilidades, mientras CGMI se benefició con $500 millones. Esto, producto del diferencial de precios en las ventas que efectuó la norteamericana y las posteriores compras a la sociedad de Julio Ponce.

Según la SVS, "la propuesta recibida por Citigroup habría consistido en que ésta vendiera un paquete importante de acciones, las cuales le serían revendidas. La aceptación de tal ofrecimiento por parte de Citigroup habría estado motivada en que la posterior reventa de los títulos llevaría aparejada una utilidad financiera". Pampa Calichera, en tanto, "habría buscado generar utilidades contables que le asegurara la venta de un paquete importante de acciones de SQM-B y su recompra posterior en un período breve de tiempo". Por tanto, "las transacciones de Citigroup no habrían tenido el objetivo de transferir la propiedad de esos títulos, sino que ellas habrían tenido la finalidad de dar la apariencia de ello, cuando en la práctica desde la operación que daba inicio a un ciclo, dicha entidad ya habría acordado que en el breve plazo dichas operaciones serían reversadas en condiciones ventajosas de ella", según dice en la formulación de cargos contra la estadounidense. Para la SVS, estos plazos, por lo general, no superaban los 10 días para cerrar las operaciones, una de las razones por las que presume una concertación previa.

LA VISIÓN DE CITIGROUP
La norteamericana, representada por el abogado Cristóbal Eyzaguirre (Claro y Cia.), tiene un juicio totalmente distinto. Según ésta, la SVS, "a partir de una descripción parcial y antojadiza de los hechos relevantes", infiere que las transacciones en cuestión formaron parte de un acuerdo. Pero los enunciados "no se corresponden con la realidad de lo sucedido".

Las operaciones cuestionadas fueron ventas cortas que ejecutó Citi. La primera de éstas fue el 21 de diciembre de 2009, cuando CGMI vendió en el mercado chileno, a través de Banchile, 3 millones de SQM-B a un precio de $19.500 por acción.

El trasfondo de esta orden, CGMI lo explica con lujo de detalles. Esta venta corta se gestó por las perspectivas que apuntaban a que SQM-B no subiría, al menos, durante el período de la venta corta, cuya liquidación sería el 30 de diciembre. Para ello se basaron en un reporte publicado el 20 de ese mes (un día antes de la operación) por el departamento de estudios de CGMI, en el cual se manifestaban temores crecientes acerca de los precios del potasio y otros fertilizantes. CGMI ya calificaba el ADR de SQM-B como de alto riesgo y lo ubicaba en noviembre de 2009 como el de peor rentabilidad del mercado chileno, detrás de Santander Chile.

La apuesta se enmarcaba en las series de operaciones que ejecuta la mesa de acciones de la entidad en toda la región. Así, la transacción se hizo en una jornada en la que SQM-B osciló entre los $19.360 y el máximo de $19.725, según información de las bolsas de Santiago y Electrónica, lo que "deja en claro que las ventas cortas se efectuaron dentro del rango de los precios de apertura y cierre".

Los compradores de esos títulos fueron "desconocidos completamente para CGMI" y resultaron ser Calichera (2.997.560 acciones) y otros inversionistas (2.440) "cuya identidad CGMI todavía ignora". Así, "esta multiplicidad de compradores es otra evidencia de la inexistencia del supuesto acuerdo que se nos imputa".

CGMI debía liquidar necesariamente la transacción el 30 de diciembre de 2009 -por tanto no debía superar los 10 días-, ya que de lo contrario debería pagar una prima sobre el préstamo de ADR. Pues el 23 de diciembre, CGMI obtuvo un préstamo por parte de The Bank of New York por 3 millones de ADR representativos de SQM-B, entidad depositaria de estos títulos, a cambio de una tasa de 2% por sobre la tasa de interés de fondos federales, devengándose los intereses por cada día hasta la devolución de los ADR, más un costo por la conversión del ADR a acciones SQM-B que ascendió a 1,5 centavos por dólar.

Así, la orden se ejecutó, y el mismo 23 de diciembre se restituyó parte del préstamo (200 mil acciones) tras comprar acciones de SQM-B a $19.250, día en que el papel osciló en las bolsas entre $19.200 y $19.510. Siguió comprando acciones en los días sucesivos, pero el 30 de diciembre, último día para cerrar la posición (31 de diciembre fue feriado en Wall Street), CGMI salió a cubrir la posición corta que aún le quedaba, haciéndose de 2,2 millones de papeles a $19.471, cuando SQM-B osciló entre los $19.200 y $19.499.

"La compra más importante se realizó al mayor precio, lo que refleja la urgencia por salir de la posición corta. Al igual que en todos los casos anteriores, la orden instruida a Banchile se limitó a lo señalado (precio, cantidad, condiciones de liquidación y vigencia), por lo que recién al momento de conocer el oficio de cargos CGMI vino a enterarse de la forma en que se ejecutó y de sus contrapartes (...) El resultado de la operación, como podrá apreciarse, resultó menor de lo esperado", expuso la norteamericana.

Las otras dos operaciones de CGMI, según sus descargos, fueron en condiciones similares. Con perspectivas bajistas sobre el papel, sin conocer a las contrapartes, con el mismo Bank of New York como prestamista y ventas cortas que se ejecutaron a precios de mercado. Las utilidades de todas estas operaciones, sin embargo, fueron US$502.218,85 (unos $262 mills. con el dólar de la época), por debajo de los cálculos de la SVS. Por tanto, "el oficio de cargos presenta un conjunto de deficiencias, errores e imprecisiones en lo que dice relación con los hechos, defectos que han incidido en la equivocada representación de la SVS".

LA JURISDICCIÓN DE LA SVS
Además, la entidad cuestionó la jurisdicción del regulador, considerando que CGMI se trata de una entidad domiciliada en EEUU y que las operaciones se ejecutaron en dicho mercado.

"La potestad sancionadora del Estado se rige por el principio de territorialidad y que los hechos que se imputan cometidos a nuestra representada han sido ejecutados en el extranjero por un extranjero (...) Así, y en mérito a las consideraciones expresadas, es evidente que la SVS sólo es competente para conocer de aquellos hechos cuyo principio de ejecución haya tenido lugar en Chile (...) La SVS carece de jurisdicción para conocer supuestas infracciones cometidas por un extranjero en el exterior y los tribunales chilenos de jurisdicción para perseguirlas y sancionarlas", afirma CGMI.

PRESCRIPCIÓN
Otra crítica que sostienen los estadounidenses en la investigación de la SVS es el transcurso de tiempo entre los hechos y la formulación de cargos.

"Transcurrieron 4 años desde la fecha de realización de la primera de las conductas que se reprochan (y casi 4 años en relación las restantes) y la decisión de la SVS de investigarlas y, eventualmente sancionarlas, período de tiempo que resulta manifiestamente excesivo si se pretende que cualquier sanción que se imponga cumpla una función preventiva, y teniendo en consideración, asimismo, los principios de eficiencia, eficacia y celeridad que regulan el ejercicio de la potestad sancionadora".

"Se advierte que el retardo en el inicio del procedimiento administrativo dirigido en contra de nuestra representada es excesivo e infundado; y ese retardo constituye un hecho sobreviniente que hace ineficaz cualquier pretensión sancionatoria que quisiera intentarse, y que determina la improcedencia de que se siga adelante con este procedimiento", aseveró CGMI.

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