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Uruguay

El presidente tiene dudas sobre aspectos del proyecto y quiere más detalles antes de firmar el contrato

Jueves 06 de Marzo de 2014.- El presidente José Mujica ordenó ayer al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) que le entregue un informe para disipar algunas dudas que mantiene sobre el proyecto de la firma de origen indio Zamin Ferrous (Aratirí), que proyecta extraer 18 millones de toneladas de concentrado de hierro durante 20 años.

El mandatario planteó las dudas ayer en el consejo de ministros realizado de mañana en la residencia de Suárez y Reyes (Prado). Entre otras cosas, a Mujica le preocupa saber cuántas hectáreas afectará el proyecto de Aratirí, dijeron a El Observador fuentes oficiales.La minera piensa instalarse en la localidad de Valentines (Treinta y Tres) y perforar el suelo en busca de piedras con contenido de hierro concentrado. También lo hará en predios ubicados en los departamentos de Florida y Durazno.

Además, el proyecto tiene previsto construir una planta para el tratamiento de la materia prima, una represa de relaves y un mineroducto para llevar el hierro hasta el futuro puerto de aguas profundas en Rocha.“Mujica pidió un informe a los ministros.

El presidente quiere una información adicional”, informó ayer en conferencia de prensa tras la reunión de gabinete el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero.Según dice el proyecto entregado por la empresa al gobierno, el proyecto ocupará en total 14.500 hectáreas, de las cuales 522 serán ocupadas por cinco minas (0,003% del total de hectáreas de Uruguay, que son 16 millones).

Abarca 197 padrones, propiedad de 82 productores de la zona. Buena parte de ese predio total de 14.500 hectáreas (que son el 0,1% del total del país) serán utilizados para áreas de “amortiguación”. Según la compañía esa “protección adicional” para “minimizar los impactos” será de 8.577.

Por ejemplo, el proyecto prevé establecer una distancia mínima de 1.000 metros del borde exterior de las minas y de 200 metros de toda instalación, ya sean caminos, depósitos o construcciones.Las cinco minas tendrán una profundidad de entre 200 y 380 metros cuando terminen su desarrollo.La piedra extraída (que contiene 27% de hierro) se envía a la planta de “beneficiamiento” para ser triturada por molinos. Luego, en líquido, el producto es tomado con imanes y los desechos vuelven a la planta de relave, donde se separa el agua de la piedra.

Al costado de las minas, a su vez, se formarán pilas con material estéril.Algunos grupos de activistas contra la instalación de Aratirí en Uruguay han reclamado a la firma y al gobierno que expliquen cuántas hectáreas realmente utilizará el proyecto.El gerente de Medio Ambiente de la compañía, Cyro Croce, fue interrogado por militantes de la organización Uruguay Libre acerca de experiencias en el mundo similares a la proyectada en Uruguay.

El profesional dijo no conocerlas en una charla ofrecida el viernes pasado en la Facultad de Ciencias Sociales, y los activistas reafirmaron sus sospechas previas. “Quedó claro que el ingeniero Croce no conoce ninguna explotación minera similar a la que propone Aratirí, con pozos de más de 200 hectáreas y hasta 380 metros de profundidad, rodeados de pilas de escombros de 100 metros de alto cubriendo más de 700 hectáreas sin ser remediados”, aseguró Raúl Viñas, uno de los referentes de Uruguay Libre.ContratoEl gobierno y la empresa avanzan en reserva en la negociación del contrato de extracción, regidos por lo que establece la ley de minería de gran porte aprobada el año pasado en el Parlamento.

El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, aseguró ayer luego del consejo de ministros que las inquietudes del presidente no significan que ese intercambio quede a un lado. “Esto no supone un impasse. El presidente quiere una información adicional.

El contrato viene avanzado y no podemos decir una fecha de firma. Hacerlo sería irresponsable”, dijo Guerrero a los medios.Alguno de los puntos más sensibles de la negociación refieren a las garantías que presentará la empresa, tanto para cumplir con el contrato como para asegurar que cumplirá con su plan de cierre.

Esas tareas de mitigación del impacto ambiental también son motivo de análisis entre los que negocian el contrato. La ley marco obliga a la empresa a presentar un plan, financiarlo, depositar 10% del monto como seguro, y comenzar las tareas desde el inicio del proyecto, es decir no esperar a terminar la extracción para comenzar a tapar las minas y corregir los daños en el entorno.

Antes de firmar el contrato, Aratirí debe depositar o presentar un aval de US$ 150 millones por la garantía de cumplimiento del proyecto. Esa cifra representa 5% de los US$ 3.000 millones que piensa invertir la compañía en total, ya que así lo exige la ley. Si bien la norma es muy específica sobre cómo redactar el contrato de extracción, algunos puntos de la norma dejan al gobierno la posibilidad de establecer una negociación sobre dichos aspectos.

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