Caso Sernageomin, nuevos antecedentes revelan funcionamiento ilegal de minera “Mantos Verdes”

Chile

El yacimiento, del que reclama propiedad el empresario Santiago Lay -mismo que acudió a la dirección nacional para pedir aprobación del proyecto-, fue en 2011 desalojado por orden de la Gobernación de Arica, por utilizar una zona exclusiva del Ejército.

Miércoles 05 de Junio de 2013.- Aún no se conocen detalles del sumario administrativo que incluyó la salida del entonces director regional de Sernageomin en Arica, Carlos Opazo, sin embargo nuevos documentos revelan el ilegal funcionamiento que ha tenido el polémico yacimiento que el empresario Santiago Lay pretendía le fuera aprobado.

Recordemos que fue éste último quien interpuso una denuncia en la dirección nacional de Sernageomin en contra de Opazo, por no conseguir en cuatro ocasiones la validación de la mina Mantos Verdes, ubicada en Pampa Camarones.

En exclusiva, El Morrocotudo obtuvo una serie de escritos oficiales que hablan de la irregular explotación que ha tenido el sitio, de propiedad fiscal. Solicitudes de restitución de parte del Ejército, orden de desalojo desde la Gobernación Provincial de Arica, y visita de inspectores con deficiencias de seguridad, son parte del historial que posee la mina que ha puesto en jaque la probidad del servicio dependiente del Ministerio de Minería.

TRABAJOS SIN PERMISO

Con fecha 26 de octubre de 2011,  un documento de dos hojas (1 y 2) firmado por el entonces comandante de la Guarnición Arica del Ejército, Guido Montini, informa de la inspección de un grupo de funcionarios de la Primera Brigada Acorazada, quienes notan un “ejercicio de extracciones mineras de propiedad de Santiago Hilario Lay Maureira (…)”, la que no contaba “con los respectivos permisos y autorización destinadas al efecto”.

Esta visita, según se declara, ocurrió un mes antes del envío del oficio a la Gobernación Provincial de Arica.

En la misma carta se denuncia el peligro al que se atenían los trabajadores de la faena, ya que en ese lugar se realizaban “ejercicios de instrucción militar con material bélico”.

También se cita el artículo 17, Nº5 del Código de Minería, que establece que “cualquier petición concerniente a labores mineras en predios fiscales (…) se debe solicitar autorización del Ministerio de Defensa Nacional, lo que en la especie no ha ocurrido”.

Por esto, la entidad militar pide la restitución del inmueble fiscal, que hasta hoy –en el papel- es de uso exclusivo del Ejército.

El 10 de noviembre de 2011, Ximena Valcarce, quien era la gobernadora provincial de Arica, reacciona a la solicitud, ordenando el desalojo del inmueble “y en caso de oposición se autoriza auxilio de la fuerza pública”. (Ve la resolución)

La medida fue realizada, por lo que desde el yacimiento se buscó obtener el permiso legal, a través de los conductos oficiales. Proceso que se llevó a cabo durante 2012, y del cual hasta hoy no es conseguido.

INSEGURIDAD

Uno de los argumento que dio Carlos Opazo para rechazar el proyecto de Santiago Lay, era el incumplimiento de aspecto legales y técnicos. Es aquí donde una visita al lugar demuestra la falta de seguridad del sitio, que funcionaba a pesar de no tener los permisos respectivos.

El 5 de diciembre de 2012, una fiscalización del Sernageomin encuentra que la mina Mantos Verdes transgredía una serie de artículos del Reglamento de Seguridad Minera (RSM), una especie de biblia de quienes se dedican a la seguridad laboral de ese tipo de faenas.

Entre lo notado, había falta de capacitación al personal, falta de baños,  debilidad en las estructuras de sacado del mineral, no había suspervisor de obras, perforaciones en seco sin resguardo para las personas, explosivos expuestos al aire libre sin sellos, entre otros. A ello la suma de trabajos en forma ilegal.

Tal visita significó la clausura inmediata del yacimiento y una multa en UTM de casi $ 28 millones. Sanción que tras las gestiones hechas por el empresario con la dirección nacional de Sernageomin, fue desestimada. Esta situación llama la atención para una unidad que ha invertido fuertemente en un programa de Seguridad Minera, que ha conseguido bajas en las cifras de accidentabilidad.

“NO LO CONOZCO”

Santiago Lay, por su parte, se refirió en la Estrella de Arica a las acusaciones de Opazo, las que calificó de “carente de lógica”, por lo que demandaría por injurias y calumnias al abogado.

Consultado, el ex funcionario público respondió a los dichos del empresario, que habló de supuestas exigencias mayores para aprobar el proyecto.

“El señor Lay nunca presentó al servicio documentos legales básicos exigidos por la administración pública, a saber, el poder para representar a la empresa SCM Cia. Minera Camarones. Esto no es exigencia de gran minería, sino que de minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería. Es decir, un requisito legal (art. 22 ley 19.880) que pretendía no cumplir, cosa que no permitimos en Arica. Eso es el ABC de cualquier institución pública. (Él) no puede decir falta de respuesta si en cuatro ocasiones se le exigieron antecedentes legales y no los presentaba. Debería asesorarse mejor ya que técnicamente es ignorante en la materia”, afirmó.

Opazo además reveló un correo que le envío Lay dos días después de la inspección que terminó en la clausura del lugar, donde –según cree- se buscaba negociar la medida: “Si quieres conversar, llámame a mi celular”, decía escueto el mensaje.

“Insisto que todas esas situaciones fueron puestas en conocimiento del Gobierno Regional, desde que empezaron a ocurrir, especialmente al intendente José Durana, al gobernador Patricio López, senador Jaime Orpis, seremi Alfredo Arriagada y otros funcionarios y de partidos políticos de la Alianza por Chile”, dijo el abogado, quien agregó “No conozco a ese tal señor Lay. Nunca lo he visto. Sólo me envió por escrito una invitación a conversar”. 

Elmorrocotudo.cl