Minería en América Latina, ¿serán los países y empresas capaces de compartir de esa riqueza?

Internacional

Jueves 20 de Junio de 2013.- Con la apertura este año de Pueblo Viejo, una de las mayores minas de oro del mundo, el gobierno de la República Dominicana esperaba obtener un retorno financiero que ayudara al país a aliviar su dependencia del turismo. La mayor productora mundial de oro, la canadiense Barrick Gold, había suscrito un contrato cuyo objetivo era repartir con el gobierno miles de millones en beneficios a lo largo de las tres décadas que la mina estaría en funcionamiento.

Pero antes incluso de que comenzara la producción industrial en enero, la mina ya era objeto de controversias. Los ecologistas temían una nueva pérdida de hábitat y contaminación del agua, tal y como había ocurrido cuando la explotación estaba controlada por el Estado. Los activistas advirtieron que la sostenibilidad de la mina y sus beneficios para las comunidades locales eran limitados. Los economistas cuestionaron el pacto alcanzado por el gobierno con la empresa y el reparto ecuánime de los retornos. El acuerdo original tuvo lugar en 2009 cuando el oro se negociaba en torno a US$800 la onza en el mercado. Desde entonces, su valor batió récords máximos antes de volver a un nivel estable y pasar a continuación a cerca de US$1.375 la onza en una cotización reciente.

Pasados algunos meses, comenzaron a aumentar los llamamientos a la nacionalización de la mina. Autobuses y taxis exhibían pegatinas a favor de la idea, y un flujo continuo de protestas presionaba al presidente dominicano Danilo Medina que, por su parte, usó el discurso anual ante el Congreso para amenazar a la empresa. "Barrick ganará US$97, y el pueblo recibirá tres", dijo, arrancando aplausos y conquistando los titulares de los periódicos al día siguiente. "Estoy haciendo un último pedido a Barrick Gold para que llegue a un acuerdo. Hemos sido pacientes, sin embargo nuestra paciencia disminuye cuando vemos la pobreza en las calles. El gobierno no se quedará parado mientras negocia con Barrick", dijo el presidente en un discurso a la nación por la televisión a finales de febrero. A continuación, mencionó la posibilidad de una nueva legislación que elevaría los impuestos cobrados a la empresa.

En mayo, trabajadores de la aduana dominicana impidieron que cargamentos de oro dejaran el país alegando que Barrick no estaba siguiendo las regulaciones prescritas y, por lo tanto, debía cerca de US$1.000 en multas. El dolor de cabeza fue tan grande que en pocas semanas los principales ejecutivos de la empresa habían embarcado en un avión con destino a la capital, Santo Domingo, para renegociar el contrato. Los riesgos eran altos: Pueblo Viejo, con reservas de 25,3 millones de onzas de oro es la segunda mayor mina del mundo en volumen de reservas. Barrick y Goldcorp, otra empresa minera gigante de Canadá dueña del 40% de la operación, ya habían invertido US$4.000 millones, según informaciones de las empresas.

Concluida la reunión entre los ejecutivos y las autoridades dominicanas, los representantes del gobierno cantaron victoria por el acuerdo alcanzado. En vez de esperar durante años a recibir la parte económica a que tiene derecho, el Gobierno recibirá inmediatamente sus beneficios. El actual año fiscal, el gobierno recibirá cerca de US$550 millones, según los términos del acuerdo provisional. Mientras esté vigente el pacto, el gobierno dominicano tendrá derecho a US$1.500 millones más de lo que esperaba recibir por el acuerdo original. Las cifras no son exactas porque dependen de los precios del oro en el mercado al contado de US$1.600 la onza. Aunque las expectativas de los analistas sean favorables, el mercado es potencialmente volátil, sobre todo a largo plazo.

El acuerdo ha librado a la empresa del tipo de problemas con que se está encontrado la industria minera en todo el mundo. Pero el hecho de que el desacuerdo ocurriera tan solo algunos meses después de que se empezara a explotar la mina es una buena muestra de las presiones a que se enfrentan las compañías mineras. Los altos precios de los metales preciosos en años recientes llevaron a la industria a expandirse por territorios previamente inexplorados. En esas comunidades, la intranquilidad social, las preocupaciones por el medio ambiente y las inclinaciones nacionalistas han conspirado para que las empresas mineras se vean forzadas a ajustar su manera de hacer negocios, dicen los analistas. Ante las presiones externas a que se enfrenta la industria, inclusive una caída reciente en los precios de las commodities, cada vez es más necesario trabajar más cerca de las comunidades y de los gobiernos extranjeros, donde están las minas, en general áreas pobres y rurales y, en algunos casos, hogar de poblaciones autóctonas.

Desde varios puntos de vista, las presiones sobre las empresas mineras son semejantes a las enfrentadas por otras empresas multinacionales, dice Paul Klein, presidente y fundador de Impakt, empresa de servicios de consultoría canadiense de responsabilidad social, que evalúa los programas de responsabilidad social corporativa de las empresas. "¿Las comunidades están más atentas a la forma en que las empresas se ven afectadas desde el punto de vista social y económico? Sin lugar a dudas. ¿Y los inversores? También, mucho más que antes porque las consideran áreas de riesgo. ¿Los órganos reguladores están más vigilantes con todas las industrias? Es evidente que sí", dice Klein.

Lo que hace especial a esta industria es el amplio impacto que las minas tienen sobre las comunidades en las cuáles operan, dice Klein, que escribió sobre las formas por las cuáles las empresas mineras pueden mejorar las relaciones con las comunidades y los gobiernos extranjeros.

Aumento de la demanda. Durante años, el récord alcanzado por los precios de metales como el oro, plata y cobre, la mayor demanda de commodities y la exigencia de los accionistas de obtener mayores beneficios llevaron a las empresas mineras a expandir sus operaciones en regiones hasta entonces inexploradas. Antes limitada a países propicios a la minería, como Perú y Chile, las economías de menor tamaño, como la República Dominicana y otras de América Central, experimentaron un crecimiento espectacular de esta industria.

En la época en que los precios de las commodities estaban más bajos, muchos lugares eran considerados demasiado caros para la minería. Pero cuando los inversores comenzaron a poner su dinero en metales preciosos y las economías en expansión, como la china, empezaron a demandar más metales, las empresas mineras comenzaron a entrar en países que antes serían considerados demasiado caros.

Es el caso del oro. Hace diez años, la onza se negociaba a cerca de US$400. En otras palabras, eso significaba que solamente era factible, desde el punto de vista financiero, la explotación de depósitos grandes y rápidamente accesibles. El metal precioso, sin embargo, utilizado como protección contra la inflación, alcanzó un máximo de US$1.921 la onza en septiembre de 2011. En lugar de concentrar sus operaciones en los cuatro grandes países de minería de oro —Canadá, EE.UU., Sudáfrica y Australia— las empresas comenzaron a aventurarse en países menores, muchas veces poco estables políticamente. Varios países latinoamericanos que tenían pocas minas o ninguna a gran escala inmediatamente se convirtieron en blanco de las grandes empresas mineras de oro.

"En muchos casos, se trata de países con serios problemas", dice Witold J. Henisz, profesor de Gestión de Wharton, que en su próximo libro ofrece medios a los que las empresas pueden recurrir para involucrar de forma eficaz a sus stakeholders [todas las partes con algún interés en la empresa]. "Creo que las mineras subestiman en gran medida los costes operacionales en esos países".

Los gobiernos de esos mercados también intentaron capitalizar los precios elevados de las commodities obligando a las compañías mineras a pagar más royalties y mayores impuestos al mismo tiempo que endurecían la regulación. En 2011, Chile y Perú, líderes suramericanos en el sector de la minería, figuraron entre los muchos países del mundo en elevar el valor de los royalties, que son cobrados según los ingresos, y no los beneficios. Otros países amenazaron con nacionalizar partes de las operaciones.

El año pasado, Bolivia retiró una concesión que había dado a una empresa minera de plata canadiense. En marzo, Colombia canceló 32 concesiones, la mayor parte de ellas para proyectos de extracción de carbón, porque las empresas dejaron de hacer pagos o de cumplir obligaciones de arrendamiento, según informaciones del ministerio de minería del país. Venezuela, por su parte, amenazó con la nacionalización total de algunos proyectos de minería.

"Aumento de la nacionalización de recursos: acabamos de pasar por eso en una de nuestras minas debido a las mayores exigencias del gobierno, ya sea por impuestos o por un mayor pedazo del pastel. Por lo tanto, hay más riesgos actualmente donde tenemos presencia", dijo el analista Jamie Sokalsky, consejero delegado de Barrick, en una conferencia de inversores en mayo.

La minería en países extranjeros, sobre todo en el mundo en desarrollo, es una iniciativa arriesgada. Economías, como la chilena, crecieron, en parte, gracias a la industria. Sin embargo, muchos de los gobiernos extranjeros y de las organizaciones de activistas se concentran en la minería, que consideran una amenaza neoliberal. Debido a su naturaleza exploratoria, la minería es vista por los que se oponen a ella como algo invasivo que intenta esquilmar los recursos naturales dejando tras de sí poco más que la destrucción del medio ambiente.

Protestas, campañas contrarias a la minería y una red bien establecida de grupos de derechos humanos y de activistas se juntan para agitar las actividades de las minas, presionar a los accionistas a que tomen alguna medida y hacer lobby junto a los gobiernos para que aprueben leyes más duras.

"Las cuestiones relativas a la sostenibilidad, el medio ambiente y los derechos humanos adquirieron una dimensión tal que son frecuentes ahora los episodios de activismo comunitario y desasosiego social", concluyeron los investigadores de Deloitte en un estudio enfocado en los mayores desafíos enfrentados por las mineras en 2012.

Esos disturbios tienen impacto directo sobre los beneficios. Henisz, uno de los directores de la empresa de consultoría PRIMA LLC de Washington, especializada en riesgos políticos, dice que las empresas perdieron miles de millones de dólares antes de darse cuenta de que merece mucho más la pena trabajar con las comunidades y con los stakeholders. Cambiar el enfoque hacia la participación del stakeholder "generalmente comienza después de perder cerca de US$1.000 millones. Si empiezas a poner una montaña de ceros en algo, el consejero delegado y el director financiero dicen, "algo tiene que cambiar"", dice Henisz.

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