Fiscalía pide cerrar arista penal del caso litio... querellantes solicitarán nuevas diligencias

Chile

Jueves 27 de Junio de 2013.- A casi un año del escándalo, el próximo 9 de agosto se podría dar por cerrada la investigación penal de la fallida licitación del litio que se adjudicó SQM, pero que luego la autoridad anuló al verificar que la empresa presidida por Julio Ponce mantenía litigios pendientes contra el Estado, lo que contravenía las bases del concurso.

Ese día, el Séptimo Juzgado de Garantía a las 12:00 horas tendrá la audiencia de sobreseimiento o reapertura de la causa. La fiscalía va con una tesis clara: no se acreditaron delitos.

"La investigación misma desestima los delitos de estafa o de perjurio. Por esas razones, el Ministerio Público pide que el tribunal así lo resuelva, que no estamos frente a delitos", comenta el fiscal a cargo de la investigación, Víctor Vidal.

Vidal tomó la investigación luego que Minera NX Uno de Peine -sociedad conformada por el Grupo Errázuriz y la coreana Samsung- y Asociación Gremial de Industriales Mineros (Asogemin) presentaran querellas en contra de quienes resulten responsables por perjurio y fraude al fisco.

El fiscal cuenta que como Ministerio Público desarrollaron la investigación, solicitando órdenes de registro a las oficinas de SQM e incautaron documentación de la firma.

"Se desarrolló con la propia voluntad de los representantes de Soquimich. Ellos facilitaron las diligencias y no hubo necesidad de hacer efectiva la orden de registro", dice.

Y continúa: "Se denunciaba el posible perjurio al presentar eventuales declaraciones juradas falsas y la posible estafa o fraude por algún engaño que habría sufrido el fisco por parte de la empresa Soquimich".

Dice que ante el eventual perjurio -solventado por los querellantes en un eventual cambio de documentación clave-, Vidal relata que "se cotejaron los documentos con las declaraciones de las personas que tuvieron a la vista los documentos (...) estas personas, que son las del Comité de Evaluación de la Licitación (CEL) del Ministerio determinaron que esos documentos correspondían a los que tuvieron a la vista. Es más, algunos declararon que ellos habían advertido la omisión de esta circunstancia".

De acuerdo a los querellantes, SQM cambió la declaración jurada en la que señalaba no contar con litigios vigentes en contra del Estado por otro en donde omitía esa declaración, repitiendo un punto anterior en el que señalaba que la empresa no estaba en situación de quiebra.

"Determinamos que no existía perjurio, quizás, sólo eventualmente, la empresa incumplió esa obligación, cuestión que no es de mi competencia determinar (...) en definitiva, no declararon nada falso, sino que presentaron mal el documento, lo que no es un tema delictual", comenta el fiscal.

Sobre el eventual fraude, "no hubo engaño a la comisión evaluadora o a otras personas que significara la entregar dinero u otra cosa. No se mintió, porque si no cumplía con los requisitos de la licitación no corresponde a una investigación penal, porque no existió un engaño o una negociación falsa o imaginaria", sostiene.

"Tampoco se acreditó un tipo de perjuicio fiscal porque el Estado no entregó dinero o patrimonio a la empresa, sino que por el contrario: de aceptarse el proceso como lo proponía Soquimich significaba un beneficio para las arcas fiscales porque mantenían la mejor propuesta económica", agrega.

¿Y el Consejo de Defensa del Estado? En diciembre fue oficiado para hacerse parte, sin embargo, no respondió a las dudas.

Aunque fuentes de los querellantes comentan que sí el CDE estaría analizando el caso, por eso, solicitarán al tribunal continuar con la investigación y sumar, al menos, otras 30 diligencias. Entre ellas, nuevas declaraciones de personajes clave como el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.

Añaden que la investigación sí acreditó comunicaciones entre los abogados del ministerio de Minería, liderados por la ex fiscal Jimena Bronfman, con abogados de SQM.

LSOL