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Colombia

Lunes 10 de Diciembre de 2012.- SEMANA: Hace un año el gobierno creó una nueva institucionalidad minera, según un estudio de la firma consultora Mc Kinsey. ¿Qué ha pasado desde entonces? 
HENRY MEDINA: Mc Kinsey hizo un estudio muy profundo sobre cómo modernizar y adecuar la institucionalidad minera a la realidad que está viviendo Colombia, que es muy diferente a la que se vivía hace diez años. Primero, hay mayor seguridad en todo el país. Segundo, han incrementado los precios de los minerales, sobre todo el oro, aunque el carbón está en unos precios bajos, incluso llegando a los puntos de quiebre o de equilibrio en varias de las mineras en algunas partes del país y están cerrando minas pequeñitas en Cundinamarca y Boyacá. Pero bueno, eso es una realidad. Y otra tercera realidad es que hay un reconocimiento grande de dos cosas: la estabilidad jurídica, regulatoria y fiscal que ha ayudado a atraer los inversionistas y los descubrimientos, pues se ve que Colombia es un país rico en minerales.

 

Eso fue lo que motivó un cambio en la institucionalidad y lo primero que se hizo fue crear este Viceministerio y la Agencia Nacional de Minería a finales del año pasado, y el Servicio Geológico Colombiano. El Ministerio es el que dicta la política pública y es el regulador. El Viceministerio desarrolló dos direcciones: la de formalización minera y la de minería empresarial. La Agencia Nacional de Minería es la autoridad minera. Y el Servicio Geológico Colombiano es la entidad que desarrolla conocimientos del subsuelo. 

SEMANA: En un momento dado se habló de crear una Superintendencia Minera porque se necesitaba mayor vigilancia y control de lo que estaban reportando en producción las empresas, entre otros aspectos. ¿Qué pasó con esa idea? 

H.M.:
 No sé, fue seguramente antes de que yo viniera pero lo que sí es cierto es que tener eso controlado es lo que hace la fiscalización. 

SEMANA: Ingeominas recibía los reportes de las compañías y no hacía mayor verificación. 

H.M.:
 No tenía los recursos adecuados para revisar. Se verificaba pero no en la profundidad ni en la escala que se requiere. Para el tema de fiscalización tenemos ahora más de 300.000 millones para los próximos 30 meses. Tenemos dos consorcios que nos hacen un apoyo a la actividad de fiscalización, y ese apoyo consiste en una revisión documental de todos los expedientes y visitas de campo en las que se revisan todas las normas ambientales técnicas, también económicas, de cumplimiento laboral. Es una fiscalización integral. 

SEMANA: ¿Qué va pasar con las delegadas de minas de los departamentos? 

H.M.:
 Se van a eliminar, excepto la de Antioquia. Se van a recoger. En febrero ya se entrega la parte de fiscalización, y esperamos que antes de mitad del año próximo ya estén cerradas. 

SEMANA: ¿Es decir que ahora todo se va a centralizar? 

H.M.:
 No, porque la Agencia va a tener oficinas regionales. 

SEMANA: ¿Y con qué criterio deciden dónde van a estar estas sedes? 

H.M.:
 Esto lo está definiendo la Agencia pero con seguridad en Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, Cesar, una en Chocó, que produce la mitad del oro en Colombia, todo el cobre, y adicionalmente porque queremos proteger los derechos de las comunidades, porque no ha habido una autoridad que lo haga. Eso también es parte de lo que tiene que hacer la Agencia. No fue creada para promocionar la gran minería, fue hecha para promocionar la minería y para que se respeten los derechos de los mineros, y dentro de los mineros hay comunidades étnicas. 

SEMANA: ¿Cuándo van a empezar las rondas para los bloques de reserva minera que el gobierno delimitó este año? 

H.M.:
 Para el bloque de zona andina, en el segundo semestre del próximo año. 

SEMANA: ¿Y el de la Orinoquia y el Chocó? 

H.M.:
 No sabemos, porque el Ministerio de Ambiente primero debe zonificar esa área porque hay mucha reserva forestal ahí, y hay parques que se deben proteger. Una cosa a la que la gente le tiene miedo es que esas hectáreas son un resto y en realidad hay varios filtros ahí que hay que tener en cuenta. 

SEMANA: ¿Estos bloques son para explotar qué tipo de minerales? 

H.M.:
 Tenemos 11 minerales estratégicos entre ellos hierro, coltán, oro, plata, cobre, carbón metalúrgico, carbón térmico, uranio, fosfato, magnesio, en fin. Pero nosotros vamos a sacar licitaciones específicas por mineral. El primer filtro es que cumpla con requisitos, si hay presencia de comunidades étnicas tienen que hacer consulta previa, y en etapa de exploración tienen que cumplir con normas medioambientales. Después tienen que sacar su licencia, presentar plan de trabajos y obras y adicionalmente tienen que tener claridad absoluta en cómo va a ser manejado el cierre de minas, porque desde el principio exigimos ese plan de reconformación morfológica. Una vez hacen todo eso pueden explotar, pero es que en un título de 5.000 hectáreas lo que intervienen en Colombia es menos del 5 por ciento. Y cuando son minas que no son de cielo abierto, intervienen menos del 1 por ciento. Entonces lo que nosotros calculamos de toda la minería en Colombia hoy en día, en superficie, no llega al 2 por ciento. Y en algunos casos cuando es minería de oro subterránea a veces puedes tener un título de 400 hectáreas y lo que intervienes en superficie son 2 hectáreas. 

SEMANA: ¿Y el catastro minero cuando va a funcionar bien? 

H.M.:
 El catastro minero funciona, tiene toda la geo referenciación de todos los títulos, pero no es práctico. 

SEMANA: Pero sigue sin ser público. 

H.M.:
 Lo que pasa es que no tiene las medidas de seguridad adecuadas para que cualquier persona entre sin modificarlo, Estamos comprando uno nuevo, uno de verdad bueno, se demora un año desarrollarlo por eso esperamos que al final del próximo año tengamos un catastro moderno y de fácil acceso para cualquier colombiano o cualquier interesado. 

SEMANA: Pero llevamos dos años esperando ese catastro… 

H.M.:
 Tiene que ser consciente de que ésto es una historia de decenas de años de trabajo y ponerle orden no es tan fácil en dos años. 

SEMANA: ¿Quién va a desarrollar ese nuevo catastro? 

H.M.:
 Se va a hacer un proceso licitatorio. Hay dos cosas, el software que uno compra que puede ser genérico, pero hay que adaptarlo a la situación colombiana y conectarlo, meterle toda la información. 

SEMANA: Otro problema que no han resuelto en dos años es que las solicitudes de las licencias o concesiones siguen paradas, y cada vez que se vence el plazo, sacan una nueva prórroga. ¿Por qué? 

H.M.:
 Con esta avalancha de solicitudes por las tres razones que di al principio, seguridad, precios internacionales, etcétera, se creció el monstruo y la institución no estaba lista para desarrollar eso. Y también subestimamos la complejidad de las solicitudes porque la autoridad puede rechazar una solicitud, pero entonces la devuelven y hay unos recursos de reposición que pueden interponer los que han hecho la solicitud minera. Entonces eso tiene unos términos legales. 

SEMANA: ¿Y cuántos de los rechazados han metido esos recursos? 

H.M.:
 Muchísimos, entonces nos toca evaluarlos y eso lo que ha hecho es pues reventar el sistema. Adicionalmente, desde mayo de este año se abrió la ventana para legalizaciones y hemos seguido recibiendo esas solicitudes que también desbordan el sistema. Por esa razón, cumpliendo con la ley del plan de generar unas instituciones fuertes y una minería competitiva, hemos decidido ampliar el plazo hasta el año entrante, máximo. 

SEMANA: En la medida en que las solicitudes estén trancadas nadie puede pedir una concesión adicional. 

H.M.:
 En este país hay 9.200 títulos, de los cuales 3.200 están en explotación y el resto en exploración. Nosotros registramos este año 1.000 cesiones. ¿Qué quiere decir eso? Que el sector se está moviendo. Se venden y se compran títulos, entonces esto no está parado, y nosotros estamos procesando, solo en el último año, 14.000 solicitudes. 
Y estoy de acuerdo, no hay ‘boom minero’, va a haber si logramos desarrollar y poner en orden la minería. 

SEMANA: Y mientras pasa eso las mineras se quejan, y se quejan también de que el gobierno no ha presentado tampoco el nuevo Código Minero. 

H.M.:
 Las mineras que hagan bien la minería no tienen de qué preocuparse. Porque la reforma al Código trabaja tres ejes, fortalecimiento de la autoridad minera, formalización y proyectos. Las grandes mineras, las medianas y las chiquitas no tienen ningún problema. 
SEMANA: Pero las grandes sí están inquietas sobre cómo van a quedar las exigencias en términos de la licencias ambientales, el tema de pago regalías o del impuesto del canon superficiario… 

H.M.: 
El pago de regalías no va a cambiar con la reforma del Código porque ahí no está lo de regalías. El pago del canon sí aumenta. Pero no se aumenta desproporcionadamente. 

SEMANA: ¿Entonces por qué las quejas del sector de la Gran Minería de que no hay claridad en las reglas del juego? 

H.M.:
 Lo que dicen es que el sector no necesita más leyes, sino aplicación de las que hay. En muchas cosas estamos de acuerdo y fortaleciendo las instituciones pero en otros creemos que sí se puede fortalecer más de lo que ya está hecho. 

SEMANA: Los pequeños y medianos mineros informales también están descontentosy están convocando a un paro el próximo martes 11 de diciembre. ¿Qué está pasando en esa área? 

H.M.:
 Sobre el paro, hay una norma nueva de la CAN, que les dice a los países miembros que hagan los esfuerzos necesarios para combatir la minería ilegal. Nosotros lo hemos visto en el gobierno como una estrategia de combatir la minería criminal. 

SEMANA:¿Qué es la minería criminal y qué es la minería ilegal para el gobierno? 

H.M.:
 Hay una susceptibilidad supremamente fuerte porque uno no le puede decir a un minero tradicional o a un minero que no tiene título, que es un ilegal porque se toma fuera de contexto. Entonces, lo que nosotros tratamos de diferenciar es el minero criminal y la minería criminal, que es la que usan los grupos al margen de la ley para financiar su actividad terrorista o ilícita. La minería tradicional, o la otra minería, porque ahí hay unos matices, está defendida por la ley. 

El minero tradicional es el que tiene más de 10 años de haber estado en actividad de extracción de los minerales y 5 años consecutivos en esa actividad. Y lo que se llama extracción ilícita de minerales, eso sí está definido en el Código de Minas, es el minero que desarrolla su actividad sin un título, sin un contrato de concesión, sin ningún tipo de contrato. 

La ley actual de desarrollo, la que fue aprobada por el Congreso, tiene un artículo que es el 106 que dice es que no se puede admitir minería en el país cuando se desarrolla sin un título minero y que utiliza dragas o cualquier tipo de equipo mecánico. Y lo que le dice el legislador a la fuerza pública es que tiene que decomisar esa maquinaria que está siendo utilizada para la minería que no tiene un título minero. Entonces eso implica que la Policía tiene que ir a decomisar. 

SEMANA: Pero si esa ley está desde antes del nuevo decreto de la CAN, que apenas empezó en noviembre, por qué no se ha aplicado tanto antes? Algunos mineros reportan extorsión, tanto de la Policía como de los grupos armados. 

H.M.:
 Yo no sé si será parte del problema. Y hay extorsión de ilegales no solamente en minería sino en otras actividades. Y esa es una queja clara de los mineros. Entonces, ¿qué es lo que quieren los mineros? Los mineros lo que están argumentando es que quiten el decreto, pero el objetivo del gobierno es combatir esta minería criminal. 

SEMANA: Los informales no solo se quejan del decomiso de las dragas, sino también del proceso de formalización. 

H.M.:
 El 21 de septiembre de este año sacamos el decreto 1970 en el cual flexibilizamos esas normas. ¿Qué es lo importante? Que para volverse una unidad de producción minera pueda tener un título, o pueda ser formalizada es que tenga un periodo de transición, un puente hacia la legalidad desde el punto de vista de un plan de trabajo y debe haber una licencia ambiental. Entonces no tiene las mismas exigencias que tiene un minero que va a empezar. 

SEMANA: Y ¿de cuánto es ese tiempo de gracia para que ellos cumplan los requisitos? 

H.M.:
 Creo que quedó dos años. Y con ese nuevo decreto, ha habido más de mil solicitudes, pero ¿qué pasa? Incluso dentro de esas solicitudes se han colado mineros que piden 10.000 hectáreas. ¿Cómo es posible que un minero tradicional pretenda sacar 4.000, 5.000, 8.000, 10.000 hectáreas cuando lo que vemos es que tradicionalmente los mineros han utilizado menos de 100 hectáreas? 

SEMANA: Los mineros tradicionales, evidentemente saben los precios del metal, y quieren también participar del negocio.. 

H.M.:
 Claro, pero los mineros están buscando es que el Estado los ayude. Ellos, usualmente, no tendrían derecho a título porque no lo solicitaron, porque están incumpliendo, porque están polucionando en algunos casos con mercurio. Entonces, el gobierno les da la mano al minero tradicional, que es el que lleva más de 10 años produciendo. 

SEMANA: ¿Pero está escrito que los mineros tradicionales no pueden tener un polígono de tantas hectáreas? 

H.M.: 
Ese es el punto. Es máximo 150 hectáreas. Pero si tú vas a decir que yo soy minero tradicional y que mi idea es subsistencia, ¿cómo pides 10.000 hectáreas o 1.000 hectáreas? Eso no tiene lógica. Lo que el gobierno ayuda es una asistencia social desde el punto de vista de que se desarrolle como minero que vive de eso. No es para que venga y traiga un pocotón de dragas o que haga negocio con eso. Queremos es que viva bien. Si hace plata que la haga, fabuloso, que tenga una vida digna, un empleo digno, de que contribuya al desarrollo de la región y que contribuya con impuestos, con regalías, pero que también la vereda tenga educación, puentes, escuelas, hospitales.

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