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Chile

15 años han transcurrido desde el cierre de las minas de carbón y sus consecuencias siguen en la región del Biobío, un deficiente plan para reencauzar a los ex trabajadores sumado a irregularidades en la administración de los empleos directos resurgieron con el veto del Ejecutivo al Presupuesto 2013 que pretende eliminar los cupos actuales.

Viernes 14 de Diciembre de 2012.- EL 16 de abril de 1997 es una fecha que quizás esté fresca aún en la memoria de los trabajadores del Biobío. Ese día de otoño, el directorio de la Empresa Nacional del Carbón, Enacar, decidió, luego de infructuosas gestiones, abultados déficit operacionales y el creciente riesgo para los mineros, cerrar definitivamente el mineral de Lota Schwager.

Nueve años después, y por las mismas razones, Curanilahue cerró sus faenas  y en 2008, Lebu puso fin a la extracción.

Este término gatilló una serie de consecuencias que se sienten hasta hoy en la VIII Región y que volvieron al debate, tras el envío por parte del Ejecutivo del veto presidencial que suprime la indicación del Presupuesto 2013 que mantenía los cupos de empleos de emergencia y otorgaba otras bonificaciones, además, de rebajar los requisitos para que los ex trabajadores de Lota Schwager pudiesen acceder a pensiones de gracia.

Según datos de la Dirección de Presupuestos, entre enero y septiembre de 2012, el programa de empleo directo generó 24.391 cupos a nivel nacional. De ellos, un 54,2% corresponde al Biobío, equivalente a 13.229 cupos. De ese total, Lota, Talcahuano, Coronel, Curanilahue y Tomé se llevan 8.404. Cabe constatar que en estas zonas el desempleo supera los dos dígitos, mientras el promedio del país apunta a una tasa más cercana al 6%.

Pero ¿por qué Biobío tiene los más altos requerimientos de empleo directo del país? La respuesta apunta al nulo éxito en la reconversión que sufrió la zona cuando se cerraron las faenas mineras. Y es que pese a todo lo que el gobierno invirtió y sigue invirtiendo, el escenario no cambió y con el tiempo se han ido sumando otros problemas.

HISTORIA DE MAGROS RESULTADOS
El cierre las mineras no fue gratuito. Más de mil trabajadores perdían su fuente laboral en una zona dedicada en forma exclusiva a su extracción desde 1844.

Se elaboraron dos Planes de Protección Social, el Protocolo de Lota (1996-1997) y el de Curanilahue (2006), cuyos ejes estaban estructurados en torno a capacitación y reinserción laboral; puente de jubilación que complementaba los ingresos de los trabajadores para el retiro; incentivos a la inversión para la instalación de empresas en la zona; y el subsidio a la mano de obra contratada, Arauco, no sólo para los ex trabajadores de Enacar, sino también a los residentes de la zona del carbón.

Sin embargo, a poco andar, los costos fueron mayores a los beneficios. Un estudio encargado por el gobierno a la U. Católica reflejó ya en 2004 los problemas que después de acentuarían. Alta rotación de los trabajadores, mala evaluación de los planes de capacitación -incluyendo el anecdótico caso de ex mineros que cambiaron sus picotas por las tijeras al ser instruidos en peluquería que carecían de clientes-, empresas que postulaban a los subsidios para instalarse en la zona, pero sin materializar los proyectos y un alto costo para generar empleo -desde $900 mil a $4,5 millón-, llevaron a la reconversión al fracaso. Un diagnóstico que comparte el presidente del Senado, Camilo Escalona.

A este panorama poco auspicioso se suman el cierre de Bellavista Oveja que deja en la calle a casi 800 trabajadores en 2009, y el terremoto de 2010. Ambas situaciones, y el arrastre de la fallida reconversión, pone a los empleos de emergencia nuevamente como un instrumento para enfrentar la coyuntura.

Sin embargo, como solución tampoco ha estado exenta de cuestionamientos que vienen desde distintas áreas: desde ser considerado un instrumento de pago de favores políticos en época de campaña, hasta irregularidades que hoy se pesquisan en tribunales. De hecho, en noviembre recién pasado, la PDI allanó las oficinas del encargado Pro Empleo de la Municipalidad de Lebu, Armando Sáez, bajo la acusación de mantener en registro de pago de sueldos y cotizaciones a personas despedidas, renunciadas e incluso fallecidas.

Esto provocó que un equipo fiscalizador de la Subsecretaría del Trabajo y el Programa Pro Empleo llegara a la zona y revisara los antecedentes de todos los planes de la región, tarea que terminó hace unas semanas.

¿ACERCAMIENTO?
La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei ha planteado que “el 58% -de los empleos de emergencia- están en la VIII Región, y cada vez que intentamos bajarlos, tanto los congresistas, como alcaldes y concejales ayudan a organizar tomas de caminos, tomas de las intendencia, de las gobernaciones, para que no disminuyamos estos trabajos, porque ellos hacen política con estos empleos de emergencia”.

Así también cuestiona los beneficios aprobados. “Nos quieren obligar a que si una persona se jubila, tengamos que darle el cupo a otra. También quieren que les demos vacaciones y aguinaldo. Es decir, buscan convertir empleos de emergencia en empleos comunes y corrientes, algo que no deseamos”.

Por lo pronto, las movilizaciones en la zona ya comenzaron. El dirigente José San Martín del sindicato de PMU de Lebu descarta que el interés sea aprovecharse del Fisco. “Si eran puntos ganados, ¿por qué echarlos para atrás?. Nosotros no queremos aprovecharnos del gobierno, estamos bien claros que las cosas se han manejado mal anteriormente, pero ahora ya todas estas cosas y estos cambios que ha habido pretendemos que nos limpien a nosotros también como trabajadores”, explica.

De hecho, advierte que los programas son fiscalizados por el Sence y que “todo esto se ha ido limpiando, había irregularidades, pero ya no”.

Por su parte, Juan Zapata, del sindicato PMU de Biobío reconoce que ha habido acercamientos con el Ejecutivo “efectivamente nos entregaron una propuesta que  tenemos que evaluar con todo los dirigentes, donde se está garantizando mantener por lo menos los cupos de empleo, lo que permitiría reemplazar a los trabajadores que se toman un descanso, con semanas en invierno y verano”, detalla.

En esa línea, San Martín confirma que hoy sostendrán la reunión con las bases y el gobierno sobre la aceptación de la alternativa propuesta, que tendrían una recepción favorable. “El gobierno ya nos dio solución, nosotros ya estamos conformes, no peleamos más”, enfatiza.

Otro caso, el de Valparaíso
Otro de los puntos vetados por el presidente Piñera fue la asignación de aguinaldos para los trabajadores de empleos de emergencia de la comuna de Valparaíso. Situación que mantendría a cerca de 836 empleados sin estos beneficios, según el administrador municipal de la alcaldía, Jaime Varas. Para él, la demanda por pago de bonificaciones es “razonable, considerando que llevan más de 8 años ejerciendo en estos puestos de trabajo sin recibir ningún tipo de beneficio”. “Estos son programas sociales transitorios de gobierno que no tienen la calidad de funcionarios públicos como tal, por lo que no tienen derecho a algún tipo de beneficios”, afirma. 

Asegura que estos ejercen de manera efectiva su empleo, “ independiente de sus necesidades, presentándose diariamente a sus trabajos”. 

Tales programas de empleo contribuyen a Valparaíso con mano de obra para la realización de diversas labores, siendo la más visible aseo, limpieza y mantención de espacios públicos.

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