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Internacional

9 de Diciembre de 2011.- Las comarcas mineras europeas reabrirán el debate sobre la decisión de la Comisión Europea de cerrar las minas de carbón a finales del 2018 el próximo mes de marzo, cuando presentarán un documento que se debatirá en el Parlamento Europeo en el segundo semestre del 2012. Así lo comprometió ayer el presidente de la Asociación de Comarcas Mineras de Europa (Euracom), el eurodiputado alemán Bernard Rapkay, en la visita en la que la alcaldesa de Villablino y portavoz de Acom España, Ana Luisa Durán, le presentó el documento conjunto firmado por empresas, sindicatos y comunidades autónomas mineras en España para intentar revocar la decisión de cerrar las minas.

Rapkay analizó con Durán los «trágicos efectos» que el reglamento que entró en vigor en enero tendrá para «los territorios donde aún persisten las labores extractivas por la hegemonía socioeconómica que estas todavía ejercen en numerosos municipios» de los países europeos afectados por los cierres, según señaló Euracom ayer a través de un comunicado.

Para reabrir el debate europeo, el eurodiputado alemán propuso en el Comité Político de Euracom elaborar un informe que sirva de base para reabrir el debate en la UE sobre la necesidad de mantener la actividad minera, pero «introduciendo además nuevos elementos de análisis como la tecnología, seguridad, y la innovación del sector minero, tanto en extracción como en almacenamiento y captura» de CO2.

Perspectiva. El informe que Euracom pretende enviar a un nuevo debate en el Parlamento Europeo (que en su día planteó un marco mucho más favorable al futuro de la actividad minera que el finalmente aprobado por la Comisión Europea hace ahora un año) quiere incidir sobre la importancia que la minería tiene en «amplios territorios comunitarios desde una perspectiva económica, laboral y social».

El informe quiere presentarse en el Comité Político que Euracom celebrará el próximo mes de marzo, y este documento tomará como base el documento de la declaración consensuada en España por los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Asturias y Aragón, ayuntamientos, sindicatos, patronal e ingenieros de minas, en el que se muestra la oposición a la decisión de la Comisión Europea de cerrar las minas que desde el pasado mes de enero reciben ayudas públicas (todas las que están en funcionamiento en España) como muy tarde a finales del 2018; y hasta entonces fija una drástica reducción en el volumen de estas ayudas.

El informo será presentado en el Europarlamento a lo largo del segundo semestre del 2012. El sector minero español pretende que se revoque al menos la parte de la decisión en la que se obliga a devolver las ayudas a aquellas explotaciones que para el 2018 sean ya rentables, una posibilidad que consideran de todo punto imposible si se quiere mantener la actividad. Las empresas extractivas admiten que a partir de entonces tengan que vivir sin ayudas públicas, pero no devolver el dinero percibido ahora (Diario de León).

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