¿Quién responde por la minería en el Huila?

Colombia

El departamento del Huila está lleno de riquezas minerales, siendo una potencia para la explotación. Familias y empresarios se disputan las tareas en el municipio de Santa María que no recibe regalías. Mientras tanto, los campesinos sufren por las consecuencias ambientales.

Lunes 24 de Diciembre de 2012.- La zona minera del municipio de Santa María,  Huila, tierra fructífera y de riquezas, está siendo explotada artesanalmente para obtener caliza, dolomita y  mármol, ocasionando impactos ambientales que amenazan la vida silvestre y la humana.

Aunque la generación de empleo es amplia en la región del Huila en el tema de minería, no están regulados los pagos a los trabajadores ni los aportes reales en regalías a los municipios por ser de explotación artesanal, tradicional, o temporal.

Carlos Andrés Cante Puentes, director de Minas del Ministerio de Minas y Energía expresó  recientemente a LA NACIÓN que “en el Huila hay un enorme potencial de desarrollo minero, especialmente en lo relacionado con el mármol, arcilla, caliza, dolomita, y para eso las empresas deben tecnificarse y organizarse para poder aprovechar esos beneficios”.

“Por eso, lo que nosotros no podemos permitir es que esa potencialidad que tiene el Huila se vuelva precisamente un problema, en la medida en que el departamento empiece a tener un desarrollo minero ilegal, irresponsable y desorganizado, que lo único que hace es acabar con las fuentes hídricas, con los bosques y las reservas naturales”, expresó en su momento.

Agregó Cante que “aquí debemos ser muy estrictos para controlar eso, porque el que vaya a hacer minería en el departamento, sea pequeño, mediano o grande, debe cumplir con los más altos estándares de protección de los recursos naturales”.

Su advertencia parece no haber sido escuchada.  En Santa María, privilegiado al estar en territorio montañoso perteneciente a la Cordillera Central, están siendo explotadas parte de sus montañas, donde no sólo se amenaza la vida silvestre sino la humana.

LA NACIÓN constató que aunque explotan la montaña de manera artesanal, ocasionalmente utilizan retroexcavadoras y taladro que terminan afectando las viviendas en la falda baja del cerro.

Explotación y consecuencias

Una montaña de 1.500 metros de altura de la vereda El Socorro está siendo explotada debido a su riqueza en mármol, y el control que se ejerce es mínimo. Claudia Liliana Osorio Tovar, funcionaria pública de Dirección de Justicia de la Alcaldía de Santa María, comentó que históricamente el Municipio viene explotando de manera artesanal la minería de mármol por los yacimientos existentes. “Una de las minas tiene licencia ambiental, y es la de Alfonso Camacho. Las otras minas están en proceso de solicitud, por lo que sólo pueden hacer una explotación artesanal. Si se les encuentra maquinaria pesada, es causa de cierre. No hay que dejar de lado el daño ambiental y ecológico que causa esa explotación”, dijo Osorio Tovar.

Ante el grave impacto ambiental, el  procurador Ambiental y Agrario del Huila, Diego Vivas, expresó que “preocupa la destrucción de ecosistemas y recursos naturales en general como consecuencia de una puesta en marcha de actividades mineras sin importar la categoría, es decir ilegales, artesanales, tradicionales o dentro de lo que la misma ley señala. Hasta ahora esta Procuraduría adelanta la acción preventiva dirigiendo circulares, llamados de atención a la Policía, alcaldes municipales, quienes tienen una gran carga de responsabilidad para sanciones y cierres”.

Igualmente, quien ejerce regulación a las minas es la Agencia Nacional Minera, oficina que ha realizado tres visitas en el año a la mina del Socorro, vigilando que se cumplan los permisos reglamentados para la exploración y explotación, y el uso dado a la mina según su categoría, en donde han encontrado total normalidad y cumplimiento de los permisos y licencias ambientales. “Cuando se hace visita por parte de la Administración no encontramos maquinaria pesada como retroexcavadora, buldóceres, taladro mecánico”, aseveró Osorio Tovar.

Pero en la visita realizada por LA NACIÓN, encontró que algunas de las minas si hacen uso de maquinaria pesada de manera esporádica, generando graves daños ambientales, sobre todo en la remoción de escombros que terminan cayendo a abismos y afectando tierras ajenas, haciendo urgente el seguimiento.

Informalidad en las minas

Luis Ferney Conde, encargado de emergencia y desastre del municipio de Santa María, aseveró que la situación informal del minero está en un 80%: “la cifra se evidencia en la falta de sensibilización en los empleadores de tener asegurados a los obreros y no se han dado cuenta que el recursos más importante de estas empresas formales o informales, sea públicas o privadas es la seguridad de sus trabajadores. Nos hemos podido dar cuenta de esta gran desventaja y hemos tratado de que se tome conciencia frente a eso. La gran mayoría de mineros obreros son de la región y por el lazo de amistad o de familiaridad que existe ha generado que esa parte se obvie y como consecuencia se presentan graves accidentes”.

Agregó que en la Administración local planearán acciones para ser más rigurosos en el momento en que se expidan  permisos y licencias expedidas por la Agencia Nacional de Minas, para luego exigirles a los empresarios el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y retribución real al municipio en regalías.

Mientras está en proceso la legalización de la explotación de minas, son obreros y familias aledañas las que salen afectadas por los movimientos de rocas y manejo de herramientas inadecuadas o dudosas. Según la Dirección de Justicia de Santa María, las minas familiares fallan en la seguridad industrial,  y muchos de los obreros no cuentan con la protección en salud reglamentada por ley, y de paso ponen en riesgo las vidas de los habitantes de las veredas.

Sí explotación, no regalías

La Administración local afirmó que la minería le deja pocos recursos financieros al Municipio. “La productividad y las regalías son bajas porque aún no están legalizadas las minas, sino que actúan mediante una certificación temporal obtenida a nivel nacional, entonces ellos se escudan en eso y lo que pagan es mínimo”, aseveró Luis Ferney Conde.

Lo anterior lo respalda el Director de Minas del Ministerio de Minas y Energía, afirmando que “es claro que el 65 por ciento de las unidades de producción minera que hay en el departamento no pagan regalías ni le generan ganancias a la región, así tengan título minero, pues desarrollan la actividad de forma informal, es decir, no tienen contabilidad, no llevan registros y obviamente carecen de cualquier mecanismo que se requiere para generar un control. Incluso, según un censo realizado en el Huila, el 60 por ciento de las personas que se dedican a la minería trabajan de manera informal, y eso es lo que precisamente se quiere cambiar”.

Disputa de territorialidad

En la mina y vereda El Socorro está la disputa por territorialidad entre mineros y habitantes del sector que consideran vulnerados sus derechos al ser desplazados de la zona por la lluvia de rocas que reciben diariamente.

La territorialidad ha sido el tema de discusión entre los dueños de las minas, viéndose afectado los obreros como Jorge Luis Plazas, trabajador de la mina de señor Juan de Jesús Cerquera, quien expresó que allí se está cumpliendo con los requisitos de ley, pero se siente atropellado por uno de los dueños de las otras minas porque al parecer quieren arrebatar el derecho de propiedad a su jefe, y su temor es quedar desempleado.

Lo anterior lo respalda Juan de Jesús Cerquera Vásquez, al denunciar que  “no nos quieren dejar trabajar, a nosotros no nos afecta que otros sigan miniando, pero que nos dejen hacer lo mismo a nosotros.

Igualmente, Antonio Medina, propietario de otra de las minas del sector, agregó que “nos quieren cerrar, llevarse las máquinas, martillos y compresores, porque así lo mandaba la CAM, y defendimos nuestros derechos porque tenemos los permisos y la propiedad”.

LA NACIÓN dialogó con Leonel Obregón, encargado de la Minería Territorial Norte de la CAM, quien argumentó que “la Corporación no tiene competencia para mediar conflicto entre comunidad, ni entre dueños de minas, tendría que ser el Servicio Geológico Colombiano el que le resuelva a dónde va el área de cada cual, y lo que son daños y perjuicios a terceros tampoco es competencia nuestra”.

La CAM ha recibido varias quejas de la comunidad, “aunque el señor Alfonso Camacho tiene su licencia ambiental, la comunidad dice que caen escombros y rocas a sus terrenos y viviendas, es un poco difícil de controlar pero sí existen estrategias para que la explotación tenga el mínimo impacto posible”, dijo Leonel Obregón.

“La minería artesanal se hace a mano, sin ningún equipo mecanizado, le corresponde a los alcaldes municipales reglamentarla. No por ser artesanal, no quiere decir que no cause impactos ambientales negativos y estos deben retribuirle al medio ambiente la estabilidad”, concluyó Obregón.

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