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Chile

Lunes 21 de Abril de 2014.- Si bien el Ministerio de Obras Públicas (MOP), liderado por Alberto Undurraga, ya ha comenzado a definir la nueva política de infraestructura, aún tiene una tarea mayor: establecer los proyectos prioritarios para su administración.

El gobierno de Bachelet heredó una abultada cartera de 16 proyectos de concesiones que supera los US$9.200 millones, de los cuales, trece se encuentran en estudio y tres en distintas etapas de su proceso de licitación.

La relicitación del Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB) es quizás la medida que más apremia. Esto porque durante 2015 termina la concesión de SCL, actual operador ligado al grupo Urenda.

Pese a que las bases de licitación de este proyecto, que ronda los US$720 millones en inversión y que contempla la ampliación de dicho recinto, se encuentran en la Contraloría, el MOP está contra el tiempo, puesto que la infraestructura ya está colapsada.

El principal aeropuerto del país sólo tiene una capacidad de 9 millones de pasajeros y sólo durante 2013 lo utilizaron más de 15 millones de personas, excediendo en más de un 60% la capacidad, por lo cual, mediante un convenio complementario, SCL se encuentra realizando una ampliación que le entregaría una capacidad para 16 millones.

Con la nueva concesión, que comenzaría en 2015, se busca triplicar la capacidad considerando los flujos de pasajeros hasta el año 2030, donde se estima que se llegue a los 29 millones de pasajeros al año.

El ministro Undurraga afirmó al iniciar su administración que ésta es una licitación en la cual no se pueden “dejar pasar ni un día”.

A esta obra, se suman dos proyectos que se encuentran en proceso de licitación: el nuevo complejo fronterizo Los Libertadores y la concesión de la Ruta G21, que lleva a los centros de ski de Farellones.

Ambas iniciativas se encuentran prontas a su recepción de ofertas técnicas y económicas. Pero aún no hay una decisión oficial del gobierno respecto a si forman parte de sus prioridades. Más considerando que ambos procesos vivieron varias complicaciones en la administración de la ex ministra Loreto Silva. El complejo fronterizo, de US$62 millones de inversión, no avanzó puesto que las empresas interesadas acusaban que la obra estaba sobredimensionada y el subsidio era insuficiente, y la Ruta G21 atravesó varios cambios puesto que la minera Anglo American, quien aporta parte del presupuesto, presentó una propuesta de modificación para ampliar las curvas de los primeros kilómetros de la vía, de modo que sus grandes camiones pudiesen transitar con mayor facilidad.

Por otro lado, dentro de la cartera de proyectos que dejó la ex ministra Silva, hay trece que están en evaluación, como el mejoramiento del Sistema de Transporte Valparaíso-Viña del Mar (Ruta Costa); la conexión vial de la Ruta 78 hasta la Ruta 68; la conexión ferroviaria Santiago-V Región, entre otras. A éstas se suman el segundo tramo de la autopista Américo Vespucio Oriente, que va desde Príncipe de Gales hasta la Rotonda Grecia; el teleférico Bicentenario, que la administración anterior afirmó sería licitado en este semestre; y dos iniciativas privadas costosas como el túnel de baja altura para el Ferrocarril Trasandino Central (US$3.402 millones) y la Autopista Costanera Central (US$1.838 millones)

DEFINICIONES

En sus primeros días a cargo del MOP, Alberto Undurraga reafirmó lo planteado en el programa de gobierno de Bachelet. El ministro anunció en ese momento la constitución de una mesa de análisis para los hospitales concesionados, lo que concluyó en la suspensión de la venta de bases para licitar la construcción de los recintos de Curicó, Linares y Chillán. De esta manera, estas obras serán levantadas como de infraestructura pública; los hospitales ya concesionados por la administración anterior se mantendrán bajo este sistema.

Junto con ello, la autoridad anunció que se analizaría también la pertinencia de este modelo para obras de riego, cárceles y edificios públicos, por lo cual, el MOP deberá definir qué sucederá con los proyectos en estudio de concesión de los edificios públicos de Valdivia, Calama e Iquique, que totalizan una inversión de US$503 millones.

“Las concesiones que se terminen las queremos relicitar, pero asociadas a nuevas inversiones y a mejoras en la calidad de servicio. Eventualmente podría haber una excepción, pero en vialidad y aeropuertos el sistema de concesión está sumamente validado”, dijo Undurraga a PULSO.

Pulso

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