Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chile

Martes 01 de Octubre de 2013.- Avanzar en mecanismos de compensación a las comunidades y definir un ordenamiento territorial. Estas son las medidas que según el ex ministro de Energía de Michelle Bachelet, Marcelo Tokman, se deben tomar para resolver los problemas que enfrentan los proyectos eléctricos. Tokman, a quien junto a otros expertos fue convocado por la CPC para entregar propuestas, prevé que cubrir la demanda energética no será tan difícil hasta 2017 y que el verdadero desafío, en esa materia, será en la década 2020.

¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual del sector?

El diagnóstico es compartido por los analistas más técnicos del sector. En estos últimos cuatro años se avanzó con las centrales que iniciaron su construcción antes de marzo del 2010. Esto permitió que el riesgo de suministro no sea un tema. Además, si no hubiera sido por la sequía, los precios de la energía en el Sistema Interconectado Central (SIC) habrían tenido una caída significativa. En el SIC el problema es que no se han iniciado proyectos, excepto Guacolda V. Es evidente que se paralizó la inversión en centrales de base (hidroeléctricas y térmicas), que son las que permiten tener suministro competitivo y estable.

¿Y cuál es la razón de esa paralización?

Hay una ciudadanía que quiere más participación, que duda frente al funcionamiento de las instituciones y que está sumamente desinformada. Esto esta llevando a una mayor movilización. Los proyectos energéticos traen beneficios para el país, pero los costos son para la comuna o la región. El tema es que los proyectos deben dejar algo localmente, por eso hay que avanzar en las compensaciones. También hay que tener un sistema de ordenamiento territorial. Frente a esto, hay soluciones: un liderazgo político muy fuerte. Esa es la forma en la cual se logró mantener ordenado durante el gobierno anterior y eso se perdió tempranamente con la decisión de Barrancones, donde la institucionalidad se borró de un manotazo.

¿Y del punto de vista de las empresas privadas? ¿Cuál es su responsabilidad?

El déficit que tenía la institucionalidad era la fiscalización posterior al desarrollo de los proyectos. En eso, la llegada de la SMA es fundamental. En la medida que la institucionalidad funcione bien habrá más incentivos para invertir.

¿Qué es lo que viene para los próximos cuatro años?

La CPC me pidió hacer un estudio, junto a Sebastián Bernstein, Alejandro Jadresic y Gabriel Bitrán. Lo que se ve es que la entrada de proyectos de base y las ERNC permiten proyectar hasta 2017 una situación de bastante tranquilidad. Si además las condiciones hidrológicas se normalizaran, no debiéramos tener problemas de costos excesivos hasta ese período. El problema más bien es satisfacer la demanda futura. No significa que tengamos riesgo de suministro, pero nos veríamos forzados a producir energía con mucho diésel. La única solución es usar los que tenemos con gas. El costo que enfrentará el país es altísimo y la ciudadanía no lo está viendo. El país no aguanta no tomarse en serio el tema energético.

¿Y esto se recoge en el segundo informe que entregarán a la CPC?

El segundo contiene un diagnóstico mas allá, del 2020 al 2030. Ahí hay decisiones mucho más complejas que aumentar el gas o interconectar dos sistemas. También se plantean soluciones para abordar los problemas de la oposición a los proyectos. Entre 2020-2030, lo único que queda para aumentar la capacidad sería motores a diésel, con costos altos y contaminación, sacar el mayor potencial posible a las ERNC y recuperar la eficiencia energética. Si lo único que tuviésemos disponible para hacernos cargo del crecimiento esperado de la demanda en la próxima década fuera esto, la mayor parte de esos requerimientos no pueden ser abastecidos.

¿Cómo ve la labor del gobierno? El ministro Bunster dijo que se había hecho más que en los últimos ocho años...

El ministro Bunster es una persona muy seria. Estoy seguro que él no cree lo que dijo. Dudo que pueda creer eso. Con el diagnóstico que tenemos, la afirmación adecuada es que estamos de vuelta a ocho años atrás, por los niveles de dudas e incertidumbres sobre como se resolverán las necesidades energéticas.

También se critica al gobierno anterior por aprobar 42 centrales termoeléctricas...

Acá la gran comparación es que durante el gobierno anterior los proyectos que cumplían con la norma se aprobaron. Cuando vemos los números, en proyectos en el SIC y Sing, en termoeléctricas hubo aprobadas 55, mucho más que las 11 de este gobierno. Pero no se debe meter en el mismo saco motores y turbinas a diésel, que era la única forma en que se evitaban los cortes de luz, y que son, afortunadamente, el respaldo que existe ahora y que da tranquilidad. Hay que excluirla. Si se excluyen los proyectos aprobados en GNL, tenemos 12 proyectos termoeléctricos aprobados en el gobierno anterior y siete en este, lo que no es una diferencia significativa.

LTOL

Portal Minero