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Internacional

La montaña de residuos de sal no fue sometida al trámite de evaluación ambiental

Jueves 24 de Octubre de 2013.- El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha anulado la autorización ambiental que la Generalitat otorgó en 2008 a la empresa Iberpotash para extraer potasa de las minas de Balsareny y Sallent (Bages) y depositar los residuos salinos en la denominada 'montaña de sal' de El Cogullo, en Sallent.

En una sentencia, el alto tribunal estima el recurso interpuesto por la asociación de vecinos de la Rampinya de Sallent y anula la autorización ambiental, puesto que no se efectuó la preceptiva declaración de impacto ambiental, como marca la Ley de Intervención de la Administración Ambiental. Además, se señala que la actividad es incompatible con el planeamiento urbanístico.

La sentencia habla de que ha habido "tolerancia administrativa" que ha privilegiado a la empresa, "frente a las nuevas actividades de su misma naturaleza que presentasen una actividad análoga o inferior naturaleza" pero adecuadas la reglamentación ambiental.

Los jueces también admitieron en octubre del 2011 una anulación parcial de esa misma autorización ambiental, después de que el abogado y escritor Sebastián Estradé (con sus 90 años) denunciara que el vertedero de El Cogulló no tenía un plan de restauración y que, además, se había beneficiado de una fianza ridícula que no cubriría los gastos para rehabilitar la zona cuando se cierre.


Otra sentencia

En la sentencia ganada por Sebastián Estradé, los jueces dictaminaron que la Generalitat debía exigir a Iberpotash un programa de restauración de la escombrera de El Cogulló (equivalente al plan previsto a partir del año 2035, fecha inicialmente señalada para el cese de actividad). Pero además exigió a la Generalitat que impusiera a la empresa una nueva fianza proporcional al ‘runam’ para dar respuesta a la restauración definitiva en su momento. La primera fianza impuesta por el tripartito en el 2008 –585.153 euros– fue "tan reducida" que "no respeta ni los parámetros legales", advirtieron los jueces. Posteriormente, el Departament d’Empresa i Ocupació ha impuesto una fianza de unos seis millones.

En cambio, la empresa no ha presentado el plan de restauración, y ha recurrido al Supremo, sin que la Generalitat haya logrado imponer la ley, que obliga a las empresas mineras a presentar un plan de restauración
Impactos con cifras

Un informe del Estudio Ramon Folch concluyó en su momento que las administraciones han invertido ya 197,86 millones en colectores, filtros y mejoras en los sistemas de potabilización (plantas de Abrera y Sant Joan Despí) para defender el sistema de abastecimiento de agua en el área de Barcelona frente a la salinización del Llobregat (causada sobre todo por las minas de Súria y Sallent y sus vertidos residuales, según ese informe).

Por eso, la Dirección General de la Competencia de la CE ha solicitado información a la Generalitat para que aclare si Iberpotash ha recibido ayudas de la administración autonómica, lo que podría contravenir los criterios de la competencia.
Competencia pidió a la Generalitat que justificara la inversión efectuada en el colector de residuos salinos (salmueras) que envía las aguas con contenidos salinos desde la explotación mineras del Bages hasta el mar.

También ha indagado en las inversiones efectuadas por la Administración autonómica a la hora de regenerar la escombrera de Vilafruns (otra montaña salina de la zona), cuya restauración sólo tenía el respaldo de una fianza de 400.000 euros depositada por la empresa, mientras que el coste final de la restauración fue de 7,5 millones de euros, sufragado por la Admnstración.

Lavanguardia.com

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