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Chile

Barrick Gold busca cerrar el proceso sancionatorio en su contra, para poder avanzar en el proyecto.

Lunes 18 de Agosto de 2014.- El proyecto Pascua Lama vivirá una instancia clave el día de hoy. La Tercera Sala de la Corte Suprema acogerá los alegatos del recurso de casación presentado por el titular del proyecto, Minera Nevada Spa (Barrick), contra la sentencia del Tribunal Ambiental que anuló la sanción de USD16 millones contra la minera, aludiendo un mal cálculo de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

La compañía será representada por el abogado Juan Antonio Urrutia, quien defenderá el proceso desarrollado por el regulador y que culminó en la sanción ambiental más alta de la historia. A pesar de lo oneroso de la multa, Barrick Gold espera que se mantenga el cálculo infraccional de la SMA, y que se dé  por terminado el proceso sancionatorio en su contra, para así avanzar en el proyecto.

Según Pascua Lama, el Tribunal Ambiental incurrió en una serie de errores al momento de analizar elementos claves en el proyecto. “A partir de la revisión de las exigencias que impone la RCA, es posible apreciar una  serie de elementos que determinan la calificación jurídica de los hechos fijados en la sentencia del tribunal, y que no fueron considerados al estimar que existen trece incumplimientos que debían ser sancionados independientemente”, expresa la minera.

Adicionalmente, la canadiense sostiene que la mayor parte del análisis en que se fundamenta la sentencia son ejercicios y cálculos propios del tribunal, los que no tuvo la oportunidad de conocer ni controvertir, expresa la firma. De acuerdo a lo que ha manifestado a la justicia la compañía, un cálculo infraccional diferente al hecho por la superintendencia, sería un duro golpe para el patrimonio de Pascua Lama.

“Este perjuicio está constituido por el efecto patrimonial derivado del potencial efecto multiplicador en las sanciones aplicables a los hechos infraccionales objeto del procedimiento de sanción que puede determinar en su peor escenario una sanción pecuniaria cuyo valor supera con creces el establecido en la resolución de la SMA”, afirma. La compañía agrega que la alternativa de reiniciar el desarrollo del proyecto dependerá del comportamiento de la economía y la baja en la incertidumbre ligada a los requisitos legales y reglamentarios correspondientes. Al tiempo que se detalló que la firma espera incurrir en gastos de aproximadamente US$300 millones en cinco años de cara a la suspensión y actividades de mantenimiento y obligaciones sociales y ambientales.

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