Venden el lugar donde rescataron a los 33 mineros

Chile

Lunes 05 de Agosto de 2013.- La noticia se conoce a tres años del derrumbe que sepultó por 69 días a los trabajadores y a pocos días de que la Justicia de Chile declarara inocentes a los dueños del yacimiento
La venta del yacimiento fue acordada por la junta de acreedores de la Minera San Esteban, que se declaró en quiebra tras el derrumbe que sepultó a los trabajadores por 69 días, informó este domingo el diario El Mercurio.

La venta del yacimiento forma parte de un convenio judicial que busca liquidar los activos de la minera destinados a indemnizar a los trabajadores y un 25% del valor total del rescate, que ascendió a los US$ 22 millones. El yacimiento, donde se extraía oro y cobre, podría volver a ser explotado, de acuerdo al periódico local.

La noticia se conoce en la víspera del tercer aniversario del derrumbe y a tres días de informarse el cierre de la investigación penal del accidente sin acusados, en una decisión que causó indignación entre los mineros.

"¡Me enterraron otra vez estos desgraciados! Estoy mal, he llorado toda la mañana, esto es un ejemplo de la mala justicia chilena, se pudo haber hecho mucho más", criticó Mario Sepúlveda.

El Ministerio Público de Chile determinó la semana pasada que no existían antecedentes suficientes para continuar la indagación contra los dueños del yacimiento, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, así como a las autoridades del Servicio Nacional de Geología y Minería.

El accidente ocurrió el 5 de agosto de 2010 y generó preocupación a nivel mundial. Finalmente, el 13 de octubre de ese año, los 33 trabajadores fueron rescatados uno a uno, durante 25 horas, por medio de la cápsula Fénix 2 que bajó cerca de 700 metros de profundidad.

En paralelo, sigue abierta una demanda civil por negligencia en contra del Estado, en que los mineros exigen una indemnización de US$ 500.000 para cada uno. Los afectados estudian además apelar la decisión de cierre de la investigación penal, que tenía como principales inculpados a los dueños del yacimiento, que según ellos, debía estar clausurado al momento del derrumbe por no contar con vías auxiliares de emergencia.

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