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Chile

Miércoles 14 de Agosto de 2013.- EL PLAN de inversiones que Codelco contempla dentro de la próxima década supone recursos por unos US$ 27 mil millones, cifra que, de acuerdo al directorio, permitirá mantener a la compañía en el sitial de liderazgo que ocupa en el marco de la industria minera mundial. De este total, la compañía invertiría del orden de US$ 5 mil millones este año, monto que financiaría con recursos propios y endeudamiento.

En días recientes, la administración de Codelco ha anunciado que propondrá al directorio un ajuste del plan de inversiones de la compañía, atendido a que no contaría con los recursos inicialmente previstos, situación que, en parte, atribuye a que la capitalización de utilidades que pretendía la empresa resultó inferior a la que finalmente autorizó el gobierno, la que alcanzó a US$ 1.000 millones. Para algunos observadores, los planteamientos efectuados por la empresa, habida cuenta de la diferencia entre la capitalización aprobada por el gobierno y lo que resultaba preferible  para Codelco, representan un grado de cuestionamiento a la decisión del gobierno, o alguna suerte de gestión comunicacional para revertirla, que no correspondería tratándose de un empresa estatal, y donde las decisiones del gobierno corresponden a las de un dueño.

Subyace a la discusión, por una parte, el tema de alzas de costos en la empresa, respecto del cual el ministro de Hacienda ha expresado preocupación, indicando que “hay un trabajo importante que hacer en el control de costos”. En los dos últimos años, los costos de producción de la estatal se han elevado por sobre el 50%, cifra comparable a la media de la industria minera nacional, y que el sector, y Codelco en particular, debe esforzarse por revertir. Allí no sólo inciden factores como el mayor costo de la energía -que en el caso de Chile es especialmente evidente, ante la falta de proyectos de generación- o la caída en las leyes del mineral, sino también hay un impacto creciente por los mayores costos laborales de la compañía -cuya dotación bordea los 20 mil trabajadores-, que no se ha traducido en un aumento de la productividad.

Por otra parte, tal como ocurre con la gestión de los costos, también puede haber discrepancias entre la percepción del gobierno y la de la administración de Codelco en cuanto a la posibilidad de desarrollar el plan de inversiones óptimo con mayor o menor financiamiento respecto de recursos propios, sin arriesgar el buen posicionamiento crediticio de la empresa. Sujeto a una discusión profunda y técnicamente bien basada, ciertamente es el gobierno el que debe mantener para sí la decisión, así como la responsabilidad última por esta decisión ante la ciudadanía.

Acertadamente se ha optado porque no haya ministros de Estado en la dirección superior de Codelco, lo que facilita una gestión técnica y permite al gobierno un mejor control, desde una posición más distante. Pero, al mismo tiempo, la decisión política ha sido mantener a la compañía íntegramente en manos del Estado, lo que implica que en la gestión de aspectos claves de la empresa, como el nivel de aportes y capitalización, el dueño, representado por el gobierno, y sin contrapesos  de ninguna especie, tenga la última palabra. Una alternativa deseable sería incorporar una participación privada en la propiedad de Codelco, que permitiera un fundamento más sólido a decisiones más autónomas sobre cuánto puede ser entregado como dividendo a los accionistas sin afectar la posibilidad de lograr el mayor valor para la empresa.

LTOL

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