MEM y PCM decidirán la licencia de Cañariaco

Perú

Según el Ministerio de Energía y Minas, se considera que las actividades de la minera en Cañaris no necesitan de consulta previa porque representan una continuidad de actividades exploratorias previas que en la actualidad han sido retomadas.

Lunes 06 de Mayo de 2013.- Fernando Castillo, presidente de la Mesa de Trabajo para el desarrollo de Cañaris, informó que la Comisión Especial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Ministerio de Energía y Minas (Minem) evaluará los documentos presentados por las dos dirigencias del distrito, que en un caso respalda y en el otro rechaza el proyecto minero Cañariaco de la empresa minera Candente Copper.

“Los funcionarios nos sujetamos a lo que establecen las leyes, y en ese sentido se procederá, porque la decisión que tome la comisión será vinculante, es decir, tendrá que respetarse”, afirmó Castillo al término de la quinta sesión de la mesa de trabajo que se desarrolló el sábado en el caserío de Marayhuaca, en el distrito de Incahuasi.

Castillo dijo que esta decisión había sido aprobada por la mesa en pleno, pero fuentes de este diario informaron que la decisión partió de Vladimir Huaroc, jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, y fue respaldada por Castillo. No hubo votación general que respalde tal determinación.

Si bien se había convocado a las dos partes, el grupo liderado por Florentino Barrios y Rosa Huamán, que rechaza el proyecto minero, se retiró de la reunión.

En diálogo con La República, Barrios informó que en la cita se pretendía decidir, por voto a mano alzada, entre los dos acuerdos alcanzados en las asambleas del 8 de julio y 30 de setiembre del año pasado. La primera, que aprueba la exploración minera en Cañaris, fue reconocida por el gobierno peruano.

"Nosotros éramos solo 10 dirigentes frente a 30 de otras comunidades que apoyan el proyecto Cañariaco. Si nos sometíamos, perdíamos... no fue conveniente y nos retiramos", indicó Barrios.

El dirigente sostuvo que la estrategia era boicotear y no reconocer la decisión de la asamblea general de las comunidades indígenas, que incluyó 11 anexos del distrito, donde mayoritariamente se rechazaron las actividades de minera Candente.

Además, Barrios recordó que desde hace un mes han presentado documentos a la PCM para que se les reconozca su derecho a la autodeterminación como comunidad indígena y pueblos originarios, pero que hasta el momento no obtienen respuesta.

Por su parte, Juan Vilela, representante del Comité Unitario de Lucha en Cañaris, recalcó que se debe respetar el acuerdo de la asamblea comunal del 30 de setiembre, que –al amparo del Convenio 169 de la OIT– es la máxima autoridad de las organizaciones indígenas.

"Vamos a recurrir a instancias internacionales para demandar al Estado si se mantiene la decisión de no respetar la libre determinación de las comunidades", anunció.

En anteriores ocasiones, tanto Fernando Castillo como el viceministro de Minas, Guillermo Shinno Huamaní, afirmaron que –a nivel de Estado y de gobierno– solo podían reconocer la consulta realizada el 8 de julio, en la cual se otorgó la licencia social en favor de Candente Copper porque contaban con la documentación para dar fe de que ello ocurrió dentro del marco legal.

Además, según el Ministerio de Energía y Minas, se considera que las actividades de la minera en Cañaris no necesitan de consulta previa porque representan una continuidad de actividades exploratorias previas que en la actualidad han sido retomadas.

En la reunión del trabajo no se discutió la posibilidad de que se realice una consulta previa en el distrito, tampoco si Cañaris puede considerarse una comunidad indígena.  

Comunidades quechuas y consulta previa
En abril, Fernando Castillo, respondiendo un oficio de la Defensoría del Pueblo, señaló que no se podía realizar un proceso de Consulta Previa en la Comunidad Campesina de San Juan de Cañaris o en otra comunidad campesina mientras no se concluya con la elaboración de base de datos oficial de los pueblos indígenas.

El Viceministerio de Interculturalidad es el encargado de elaborar y publicar este registro, el cual lleva un año de retraso en su publicación. Precisamente, el viceministro Iván Lanegra renunció a su cargo esta semana por problemas vinculados a esa base de datos.

El problema radicaría en decidir si este registro reconoce  o no a las comunidades campesinas quechuas como pueblos indígenas con derecho a la consulta previa. Si lo hace, muchos proyectos mineros se paralizarían pues las comunidades en su área de influencia rechazan la actividad minera, tal como ocurre en Cañaris.

La República